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La gestión del riesgo a través de la reglamentación no parece ser suficiente a los ojos de la opinión pública, y asistimos al desarrollo de una vertiente judicial de análisis del vínculo entre una enfermedad individual y la exposición, que tiende a sustituir a la noción de cumplimiento/incumplimiento de las reglas y normas, e incluso a los informes periciales (glifosato). En Francia, las disposiciones reglamentarias -con exclusión de la toxicología- se establecieron esencialmente a partir de 1970, en el mismo momento en que surgía la conciencia ecológica del gran público. El Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, debe en parte su creación en 1971 a la catástrofe petrolera de Torrey Canyon en 1967 y a la consiguiente protesta pública. Con la excepción de la mayoría de las enfermedades profesionales -que suelen ser bastante antiguas-, el conjunto de normativas es, por tanto, relativamente reciente y quizás obedezca menos al crecimiento real de los riesgos que al crecimiento de la conciencia pública sobre los riesgos medioambientales y el temor a que las alteraciones del medio ambiente sean las responsables de nuestras enfermedades. Las llamadas enfermedades medioambientales revelan así una percepción nueva y bastante amenazadora de las “cosas que nos rodean”.