Justicia Penal

Durante la época del shôgunato Tokugawa (1603-1868), Japón consiguió aislarse de los extranjeros. El cierre hermético del país comenzó a principios del siglo XVII y duró hasta finales de la década de 1850. De este modo, Japón consiguió mantener su independencia frente a las potencias coloniales europeas y el país conservó su estatus de sociedad feudalista. El fuerte control estatal era característico de su economía agraria y preindustrial, con poco margen para el espíritu empresarial y las fuerzas del mercado. Los derechos se definían por el estatus, y la aplicación de los derechos individuales de los ciudadanos -en la medida en que éstos existían en absoluto- se consideraba un acto de gracia concedido por las autoridades hacia sus súbditos. Prácticamente todas las instituciones esenciales de una sociedad moderna basada en el derecho que funcionara estaban ausentes en Japón hasta el comienzo de las reformas de la década de 1860. A saber, la separación de poderes, un poder judicial independiente y una profesión jurídica (con su tradición de representación de las partes por abogados en los tribunales) eran inexistentes. Tampoco se conocía un derecho codificado del que hablar, ni colecciones de leyes basadas en precedentes. Este periodo de estabilidad impuesto despiadadamente por el régimen autoritario de Tokugawa terminó abruptamente cuando, en 1853, Estados Unidos envió una flotilla de cañoneras a Japón exigiendo la apertura de los puertos del aislado país a los buques extranjeros.