Los historiadores han considerado durante mucho tiempo el advenimiento de la vivienda social como el triunfo de los partidarios de la intervención estatal sobre los defensores de la iniciativa privada, surgiendo la construcción pública como la solución a la “crisis de la vivienda”. Hay que admitir que esta oposición entre lo público y lo privado es un hecho, y es cierto que la política pública se ha introducido o reactivado en tiempos de crisis cuando la oferta de vivienda dejaba insatisfecha una gran parte de la demanda. Sin embargo, si se examina más de cerca, esta política parece ser el resultado de un proceso de elaboración de proyectos de reforma en el que la convergencia sobre los objetivos es más importante que las diferencias sobre los métodos de aplicación, y en el que la situación política es más importante que el desequilibrio del mercado inmobiliario. Por ejemplo, la llegada al poder de los republicanos “progresistas” en 1879 favoreció la movilización de los reformistas liberales, que dieron a la ley de 30 de noviembre de 1894 un sesgo ligeramente intervencionista, limitando el papel de los poderes públicos a fomentar y supervisar la construcción de viviendas de bajo coste.
