Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Jurisdicción de la Corte Penal Internacional en el DIPr En esta sección se examinan ciertos aspectos jurídicos de jurisdicción de la corte penal internacional, dentro del marco mucho más general del Derecho Internacional Privado. Recursos Bibliografía PEREIRA MENAUT, et. al. La Constitución […]
Esta plataforma digital examina la literatura empírica sobre los efectos del comercio exterior en los conflictos político-militares. Ha habido tres «oleadas» de trabajos sobre este tema desde 1980. Se argumenta que la oleada más reciente difiere de las anteriores en varios aspectos importantes. En primer lugar, ha avanzado significativamente a la hora de abordar los mecanismos causales que subyacen a la relación entre comercio y conflicto. En segundo lugar, esta oleada ha abordado una mayor variedad de aspectos del comercio, incluida la política comercial y los acuerdos comerciales. En tercer lugar, diversos estudios recientes han arrojado nueva luz sobre los efectos del comercio en el estallido de la guerra, así como sobre los efectos de la guerra en los vínculos comerciales de los combatientes.
Este texto se ocupa de las decisiones judiciales medioambientales nacionales con transcendencia internacional.
Este texto se ocupa de las decisiones medioambientales con transcendencia internacional.
La expresión “Lex fori” es de origen latino y significa “la ley (lex) aplicable al lugar donde se encuentra el tribunal (foro) ante el que se presenta el caso”. En francés “loi du for”. En cuanto al derecho procesal, en el derecho internacional privado (véase más detalles), la lex fori determina según qué normas se desarrolla el procedimiento. Todavía en el derecho internacional privado, pero en lo que respecta al derecho sustantivo, la lex fori no se aplica necesariamente. En ausencia de un convenio internacional, su determinación depende del objeto del procedimiento. Si las partes, en lugar de dirigirse a un tribunal estatal, han acordado confiar la solución de su litigio a los árbitros, corresponde al tribunal de arbitraje, a falta de un acuerdo expreso de las partes, determinar el derecho material aplicable, denominado “derecho de conexión”, en particular interpretando la voluntad de las partes o determinándolo en función de la localización de la relación contractual que dio lugar al litigio.