Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Directiva de la Unión Europea sobre Derechos de Autor Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Contexto Al mismo tiempo que se implementó una legislación de derechos de autor más restrictiva, también vimos el surgimiento de software libre y de código … Leer más
En 2016, el Reglamento general de protección de datos abrió un nuevo capítulo para la protección de la privacidad informativa en Europa. Más que una simple revisión de la Directiva de Protección de Datos (1995) y menos que un cambio de paradigma (modelo, patrón o marco conceptual, o teoría que sirve de modelo a seguir para resolver alguna situación determinada) regulatorio, el Reglamento intenta mantener el rumbo con los cambios tecnológicos y socioeconómicos, al tiempo que garantiza los derechos fundamentales de las personas y permite controlar sus datos. Esta entrada examinará, entre otros, si esta reforma trata adecuadamente los desafíos de la era digital.
El análisis de esta materia ofrece una visión general del nuevo marco, sus antecedentes y objetivos, centrándose en algunos temas que son relevantes para Internet. A este respecto, discutimos las disposiciones relativas al alcance material y territorial ampliado del Reglamento y los problemas de implementación que puedan surgir. También abordamos el consentimiento y la forma en que el legislador europeo trata de fomentarlo como un fundamento jurídico del procesamiento de datos y la manifestación central del derecho a la protección de los datos personales. Además, examinamos los nuevos derechos (derecho al olvido, derecho a la portabilidad de datos) que se introducen en la ley de protección de datos para reforzar los derechos de las personas como usuarios digitales. Al evaluar el nuevo marco, se aprecian elementos reguladores innovadores, como la privacidad por diseño o las evaluaciones de impacto de la protección de datos.
Esta entrada proporciona una visión general de los desarrollos legales recientes y futuros en Europa relacionados con la era digital, para examinar hasta qué punto el derecho ha evolucionado o evolucionará aún más para adaptarse a su nuevo contexto digitalizado. Más específicamente, se centra en algunos de los problemas legales más importantes que se encuentran en áreas directamente relacionadas con Internet, como propiedad intelectual, protección de datos, derecho del consumidor, derecho penal y delito cibernético, derecho de los medios y, por último, aplicación y aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público). Al adoptar este enfoque horizontal, destaca, sobre la base del análisis y el comentario de la legislación reciente y futura de la Unión Europea, así como de la última jurisprudencia del TJUE y del TEDH, los numerosos desafíos a los que se enfrenta el Derecho en esta nueva era digital.
Incitación al Odio y a la Hostilidad en el discurso del odio, en términos generales relativo al discurso político, engloba todas aquellas “expresiones peligrosas” para la estabilidad del sistema democrático, entre las que encontramos ofensas, insultos y expresiones que discriminan a colectivos por condición de clase, género, color de piel, orientación sexual o etnia. También existe una perspectiva penal, no política. La protección de dichas expresiones sigue generando interesantes debates en diversos tribunales constitucionales y supranacionales. Internet, con su capacidad única de comunicación de uno a muchos y de muchos a muchos, y su potencial para la interacción anónima y móvil se ha convertido en la nueva frontera para la difusión del discurso de odio. Para tratar este tema, muchos países han promulgado leyes que penalizan el discurso de odio, pero también se han introducido leyes internacionales para la armonización de las legislaciones nacionales. Esta entrada incluye una presentación de las normas de incitación al odio en Internet, a nivel internacional, y además explorará su conflicto con el derecho a la libertad de expresión (véase; y también libertad de creación de medios de comunicación, libertad de comunicación, libertad de información, libertad de cátedra y la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, adoptada en Nueva York el 31 de marzo de 1953).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidió en 2014 el caso de Google España contra Costeja González, que estableció el llamado derecho al olvido (RTBF), que puede describirse con mayor precisión como el derecho de un sujeto a eliminar enlaces a información inexacta y potencialmente dañina de los resultados del motor de búsqueda. En ese momento, algunas personas temían que el derecho fuera mal utilizado, pero parece que su aplicación en la práctica ha sido coherente.