Los cambios en los roles de los intermediarios han interactuado con la expansión de la aplicación de los regímenes de responsabilidad a los intermediarios de Internet. Estos regímenes buscan resolver varios problemas normativos que corresponden a los riesgos que son percibidos para la gobernanza de la sociedad de la información. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Para la gestión de dichos riesgos, los gobiernos han implementado políticas que hacen que los intermediarios, debido a sus capacidades normativas, ejerzan actividades de policía informal y privada sobre los comportamientos de los usuarios considerados riesgosos. En los casos de invasión a la privacidad, persecución de la pornografía infantil y de la difamación on line, han mostrado cómo, mediante la aplicación de formas de responsabilidad más severas -involucrando al derecho penal-, a la vez se sujetan los nuevos roles de los intermediarios (agregación de noticias, reproducción de vínculos, subscripción de RSS, puesta a disposición de plataformas para blogueros, entre otras) a disciplinas más estrictas que exigen labores de monitoreo o low policing de los contenidos que los usuarios ponen en circulación en sus redes.
Pese a que hay un esfuerzo en muchos casos judiciales y desarrollos legislativos por evitar que esos cambios se reequilibren en las democracias con los derechos fundamentales de privacidad y libertad de expresión (véase; y también libertad de creación de medios de comunicación, libertad de comunicación, libertad de información, libertad de cátedra y la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, adoptada en Nueva York el 31 de marzo de 1953), manteniendo el carácter libre y abierto del acceso a las redes, esos esquemas someten a control a riesgos percibidos como urgentes para las formas de gobernanza de la sociedad de la información, limitando ese acceso. En los años venideros, probablemente, veremos cómo en el mundo, y también en nuestro país, estos desarrollos globales continuarán incrementando las tensiones entre acceso y control, usando dentro de otros mecanismos a la responsabilidad penal y sus límites mediante el sistema de derechos fundamentales que se ponen en juego en dichos casos.