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La Protección Humanitaria en el Ámbito del Derecho de la Unión Europea es una forma de protección sustituida en la actualidad por la protección subsidiaria. En la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas en 2005, los líderes políticos mundiales aprobaron una nueva doctrina para gobernar el comportamiento político internacional titulado “responsabilidad de proteger”. De acuerdo con esta doctrina, las naciones del mundo afirmaron que la responsabilidad primordial de la prevención de los delitos de atrocidad en masa recae en el estado soberano en el que se prevén o se producen tales delitos. Sin embargo, si un estado no ejerce esa responsabilidad, la comunidad internacional puede asumir el deber correspondiente de proteger a las poblaciones civiles de la comisión de genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) y crímenes de lesa humanidad. Poco tiempo después, en 2011, la comunidad internacional se enfrentó con la posibilidad de que se produjeran víctimas civiles a gran escala como consecuencia de los enfrentamientos entre el gobierno y las fuerzas rebeldes en Libia. El Consejo de Seguridad de la ONU, por lo tanto, se enfrentó con el dilema de si autorizar una intervención para evitar lo que parecía ser una catástrofe humanitaria. En este caso, el Consejo de Seguridad de la ONU sancionó una intervención de las fuerzas de la OTAN de acuerdo con la nueva doctrina. Poco después, la rebelión siria se afianzó y miles de civiles comenzaron a morir y ser heridos. En ese caso, sin embargo, el Consejo de Seguridad quedó paralizado. No se pudieron acordar sanciones ni intervención militar.