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El Negocio de las Cadenas de Televisión en Europa Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre el Negocio de las Cadenas de Televisión en Europa. [aioseo_breadcrumbs] El Negocio de las Cadenas de Televisión en el Reino Unido [rtbs name=”derecho-del-reino-unido”] Unos 4 millones … Leer más
Este texto se ocupa del Notario Público, como funcionario público investido de fe pública, facultado para autentificar y dar forma legal a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos. La historia del notariado comienza con los notarios imperiales bajo Federico I Barbarroja, los notarios papales bajo Alejandro III y los notarios municipales de Bolonia, Florencia y Verona. El derecho canónico otorgó a los notarios la facultad de producir documentos dotados de fe pública, es decir, documentos con un valor probatorio especial. En el siglo XIII, los documentos italianos adquirieron fuerza legal, pero los notarios aún no eran abogados; en las universidades del norte de Italia, los profesores del ars notaria pertenecían a la Facultad de Bellas Artes. Como parte de la jurisdicción eclesiástica, la profesión notarial se extendió a Francia y, desde allí, a los países al norte de los Alpes. En el sur de Francia se introdujo ya en el siglo XII un sistema notarial similar al de Italia. En el norte de Francia, en cambio, las transacciones legales (acto jurídico) se realizaban inicialmente ante los tribunales; más tarde, los notarios redactaban los documentos pertinentes, pero los jueces los sellaban.
Este texto se ocupa de la navegación maritima, como el desplazamiento de un buque sobre el mar. l salvamento está indisolublemente ligado al transporte marítimo y a la navegación marítima. Las partes del Convenio de Londres sobre Salvamento se han reservado el derecho, en el apartado 1 del artículo 30, de excluir del ámbito de aplicación del Convenio las siguientes circunstancias (a) las operaciones de salvamento en aguas interiores en las que sólo intervengan buques de navegación interior; (b) las operaciones de salvamento en aguas interiores en las que no intervenga ningún buque; (c) los casos de salvamento en los que las partes interesadas sean nacionales de un mismo Estado; y, por último, (d) los bienes culturales marítimos situados en los fondos marinos (véase a este respecto el Convenio Internacional de Nairobi de 2007 sobre la Remoción de Pecios y, de forma más general, la Organización Marítima Internacional.
Se examina aquí especialmente la notificación en el espacio legal y judicial europeo. Hay dos formas diferentes de notificación que son esenciales. La notificación puede ser realizada de oficio por el tribunal o, alternativamente, puede producirse por iniciativa de las partes interesadas, que pueden, por ejemplo, encargarla a un agente judicial o a un notificador. Tanto los tribunales como las partes pueden utilizar diferentes instrumentos para garantizar la entrega de los documentos. En el caso de la entrega postal, por ejemplo, pueden utilizarse instrumentos como la carta certificada. En otras circunstancias, pueden designarse funcionarios especiales (como el hussier de justice). La notificación en el extranjero requiere métodos específicos, como la asistencia administrativa del país notificador o de su representante local (servicios consulares). La notificación o traslado en tiempo y forma de los documentos, especialmente de los que incoan un procedimiento (citación judicial), es un elemento esencial de los procedimientos judiciales fundados en el Estado de derecho. Por un lado, la notificación de la cédula garantiza que el demandado sea informado de los procedimientos que están pendientes contra él para que pueda defenderse, lo que constituye una característica especial del derecho del demandado a un proceso justo, véase el artículo 6 (1) del CEDH (juicio justo). Por otra parte, la notificación formal permite a la parte notificante probar que el destinatario tuvo conocimiento de la cédula.
La cuestión de quién puede invocar la nulidad, cómo se invoca y cuáles son sus consecuencias puede recibir respuestas diferentes. El estudio jurídico europeo necesita identificar las razones que justifican tales desviaciones de los principios generales. Sólo entonces será posible preparar el terreno para una integración intelectual coherente de estas excepciones en futuros intentos de armonización jurídica. Si las partes de un contrato inválido ya han intercambiado sus prestaciones, el contrato puede deshacerse (desvinculación de contratos). La nulidad y el proceso de desvinculación son distintos. Sólo los actos jurídicos pueden ser nulos. La ejecución de un contrato no tiene por qué ser un acto jurídico. También puede ser un acto real que puede deshacerse pero que no puede ser nulo. Además, las cuestiones de la nulidad de un contrato y de su anulación suelen conceptualizarse de forma diferente. La nulidad es un grado de invalidez; no describe el proceso de deshacer el contrato. Que un contrato sea nulo es una cuestión de derecho contractual; un contrato nulo tiene que ser deshecho, y eso es una cuestión de derecho de restitución, o de enriquecimiento injustificado. En otros casos, la nulidad y el proceso de deshacer el contrato no están tan claramente separados y existen solapamientos conceptuales: la acción de nulidad española tiene por objeto anular un contrato, por ejemplo por error, y está dirigida al mismo tiempo a deshacer el contrato; en Inglaterra, si una parte desea rescindir y, por tanto, invalidar un contrato, tiene que hacer una restitutio in integrum, por lo que el término rescisión se utiliza a menudo también para incluir el proceso de deshacer el contrato.