Este texto se ocupa del principio de precaución en la salud pública. En todos los ámbitos de las pruebas relativas a la salud y los riesgos, el principio de precaución constituye un enfoque para orientar la toma de decisiones, haciendo hincapié en que, si bien las pruebas pueden ser inciertas, ambiguas o incluso inexistentes, cuando las amenazas para la salud humana, el medio ambiente o ambos son todavía evidentes, deben adoptarse medidas para mejorarlas. Articulado por primera vez en el movimiento ecologista de los años setenta, en los años ochenta y noventa el principio de precaución adquirió un perfil político en la formulación de políticas. La premisa afirma que el consenso científico no debería ser la guía absoluta de las acciones de los encargados de formular políticas para proteger a los seres humanos y el medio ambiente; por lo tanto, la precaución, más que la prevención, es prioritaria. La propia falta de conocimientos de los encargados de la formulación de políticas sobre el significado de los análisis económicos, las medidas de la carga de morbilidad y la distribución de la enfermedad, y la falta de confianza en la forma de utilizar esas pruebas en la adopción de decisiones políticas también inhibe el uso de las pruebas. Esto no es una barrera que se limite a los países de ingresos bajos y medios.