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Se llama la atención sobre lo que está ocurriendo en el programa de modernización de los juzgados (LRB, 26 de septiembre). Señala que ha habido un cambio en el lenguaje utilizado para describir los tribunales – donde antes eran un ‘lugar’, ahora son un ‘servicio’ – por parte de los que abogan por el cierre de los tribunales: es el proceso de adjudicación lo que importa, argumentan, no el lugar en el que se produce. Vale la pena pensar cuidadosamente en lo que se perderá cuando los tribunales dejen de ser un lugar: el personal local y el conocimiento local para empezar. Es de importancia crítica, particularmente para aquellos que no tienen representación, que el personal local informado esté disponible para ayudarlos, por ejemplo, a obtener acceso a los servicios y centros de asesoría locales. los cambios propuestos excluirán de acceso personal a las audiencias a aquellos con todas las reclamaciones menos las más grandes. Pero la asociación entre la ‘importancia legal’ y el valor financiero es de larga data (Jeremy Bentham se quejaba de ello en la década de 1790). Los que tienen menos tienen más probabilidades de ser considerados frívolos o litigiosos para presentar demandas, siendo la presunción que aunque la demanda sea importante para ellos, no lo es lo suficiente como para justificar que se le quite tiempo al tribunal. Tal como están las cosas, cualquiera que no muestre evidencia de intentar ‘conciliar’ puede ser castigado financieramente, si termina en la corte y pierde, haciendo que se le adjudiquen los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) en su contra. Esto es para disuadir aún más a la gente de presentar demandas en absoluto (como si el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de hacer un reclamo no fuera razón suficiente incluso para aquellos con un reclamo legítimo).