Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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La sextorsión es un tipo de extorsión. La sextorsión, la amenaza de distribución de imágenes explícitas, íntimas o embarazosas de naturaleza sexual sin consentimiento, es un problema poco estudiado. A pesar del reciente aumento de incidentes denunciados entre adolescentes en Estados Unidos, se sabe poco sobre la naturaleza y el alcance de la sextorsión entre esta población.
Una “notificación” es un aviso oficial de una citación para comparecer ante el tribunal o de una decisión judicial que se realiza mediante un mandamiento judicial o de un documento extrajudicial, como una solicitud de renovación de un contrato de arrendamiento comercial. Sobre la notificación internacional de documentos, los artículos 5 y 10 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 establecen que la autoridad central del Estado requerido notificará o hará notificar el documento en los dos casos señalados en este texto. Notificación oficial, en el derecho contractual público, significa una notificación escrita o electrónica al contratista en relación con cuestiones contractuales, o por parte de una agencia estatal/subdivisión política, según corresponda. En el código penal germano, lesión de notificaciones oficiales se recoge en la Parte Especial, en su Sección Séptima, sobre Hechos punibles contra el orden público. Así, el artículo § 134 sobre lesión de notificaciones oficiales.
Algunos factores que contribuyen a menudo son la mendacidad, la ofuscación, la obsesión, la bancarrota moral, la ingenuidad, la lealtad o la confianza equivocadas y la falta de buen juicio. Con frecuencia, interviene una prensa de investigación vigilante. Normalmente, la pregunta crucial es ¿Quién sabía qué y cuándo? A veces las consecuencias para los culpables son nefastas y destructivas, pero otras veces los culpables salen impunes. El impacto histórico de los escándalos puede ser pasajero o duradero y profundo. Por otro lado, en el código penal germano, provocación de escándalo público se recoge en la Parte Especial, en su Sección Decimotercera, sobre Hechos punibles contra la autodeterminación sexual.
Además de los peligros que plantea la colusión entre competidores, los objetos y efectos anticompetitivos también pueden ser provocados por acuerdos verticales celebrados por agentes económicos que operan en distintos niveles de la cadena de suministro. De conformidad con el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento 330/2010 sobre la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, los acuerdos verticales se definen como acuerdos o prácticas concertadas “celebrados entre dos o más empresas, cada una de las cuales opere, a efectos del acuerdo o de la práctica concertada, en un nivel diferente de la cadena de producción o distribución, y relativos a las condiciones en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios”. Los acuerdos verticales cubiertos por esta definición son principalmente los acuerdos de distribución que los fabricantes celebran con empresas que operan en el nivel de la distribución, como mayoristas y minoristas, cuya tarea es la comercialización posterior del producto a lo largo de la cadena de suministro. También se consideran acuerdos verticales los contratos de aprovisionamiento celebrados entre un fabricante y un proveedor cuyas mercancías son utilizadas por el fabricante como insumo para sus propios productos.
Los títulos-valores son instrumentos de transacciones comerciales basados en una construcción legal. Un valor (término que se remonta a la época en la que los valores aún se imprimían en papel) es un título que incorpora un derecho de propiedad o una reclamación. Según el Código de Obligaciones, es un documento mediante el cual es posible hacer valer un derecho. Las letras de cambio y los cheques se utilizan para las transacciones financieras, mientras que los bonos y las acciones se utilizan en el mercado financiero. Desde finales del siglo XX, han aparecido nuevos tipos de valores. Los títulos-valores son emitidos por sociedades de derecho público, como Estados, y entes regionales o municipios, pero también por empresas del sector privado con el fin de obtener liquidez.