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La “propiedad comercial” del arrendatario de un contrato de arrendamiento comercial protegida por el artículo 1 del primer protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se entiende como el derecho a renovar un contrato de arrendamiento comercial consagrado en las normas nacionales (por ejemplo, los artículos L. 145-8 a L. 145-30 del Código de Comercio francés). El estatus de propiedad comercial no se aplica, en varios países, cuando se trata del derecho a renovar un contrato de arrendamiento comercial, sino cuando la cláusula resolutoria acordada entre las partes se adquiere por efecto de la ley.

Cuando las partes han expresado su deseo de renovar el contrato “para un arrendamiento comercial en los mismos términos y condiciones anteriores” sin mencionar ninguna reserva, se considera por la jurisprudencia, en algunas jurisdicciones (como la francesa), que han llegado a un acuerdo expreso sobre los términos y condiciones del arrendamiento anterior, incluido el precio del arrendamiento.