Las redes sociales implican la actividad en línea de grandes grupos de personas que interactúan compartiendo información, ideas y mensajes. Al igual que ocurre con otras actividades en línea, pueden surgir problemas legales en relación con la privacidad, la actividad delictiva, la expresión, así como otras cuestiones emergentes. Las expectativas de privacidad en el uso de las redes sociales se han visto afectadas por casos de empleadores que utilizan la actividad en las redes sociales para controlar a los empleados y tomar decisiones laborales. Además, la actividad en las redes sociales puede ser utilizada como prueba en los tribunales cuando tenga valor para probar un caso y pueda ser autentificada. Se han cometido delitos utilizando las redes sociales, incluidos el ciberacoso, el robo de identidad y el fraude, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos. Aunque estos mismos delitos podrían cometerse utilizando foros en línea distintos de las redes sociales, la naturaleza pública de la actividad y la capacidad del delincuente para permanecer en el anonimato ha creado preocupaciones adicionales para la aplicación de la ley. Las redes sociales han tenido un tremendo impacto en el discurso comercial, ya que dan a los individuos el poder de difundir información, expresar opiniones e intentar influir en el cambio. Sin embargo, este discurso puede ser difamatorio u ofensivo y se rige por los mismos principios legales que se aplican a todo discurso. Además, la usurpación de nombres de usuario en las redes sociales, la suplantación de identidad y la afiliación indebida pueden dar lugar a demandas por infracción de la propiedad intelectual. Por último, las empresas deben evitar que la actividad en las redes sociales dé lugar a reclamaciones por publicidad engañosa, en particular cuando animan a sus empleados a utilizar el medio para publicar información u opiniones sobre un producto o servicio. Las redes sociales evolucionan con rapidez, por lo que hay cuestiones emergentes que la ley deberá abordar. Por ejemplo, los prestamistas que utilicen la actividad de las redes sociales para tomar decisiones crediticias pueden enfrentarse a demandas por discriminación. Las empresas que divulgan información importante en las redes sociales deben asegurarse de que están cumpliendo con todas las leyes de valores aplicables.
