Guía del Derecho de las Naciones

Siguiendo las enseñanzas de Marx, el Congreso de Londres de 1896 de la Segunda Internacional Marxista apoyó el derecho universal a la autodeterminación nacional, incluyendo el derecho de las minorías nacionales a separarse del gobierno no nacional y establecerse como estados-nación independientes. Esta posición se basaba en la premisa económica de que el lenguaje común del estado nacional era la unidad natural para el desarrollo más acelerado de las fuerzas de producción bajo el capitalismo, y en la premisa moral de que la solidaridad internacional de la clase obrera exigía el apoyo a la liberación de las minorías nacionales como hermanos de la clase obrera de la opresión política no nacional. Sin embargo, hubo voces influentes, en particular la de Rosa Luxemburgo, que sostuvo que la ruptura del dominio imperial ruso, incluso sobre su Polonia natal, era contraproducente para el desarrollo de la producción industrial, ya que Polonia ya estaba fuertemente ligada a la economía rusa. No obstante, la declaración de apoyo del Congreso de Londres al derecho político a la autodeterminación nacional fue adoptada en la Cláusula No. 9 del programa del Segundo Congreso del Partido Laboral Socialdemócrata Ruso en 1903. La posición de Luxemburgo contra el derecho de autodeterminación de las minorías nacionales se repitió en su famosa obra, La acumulación de capital, publicada en 1913. El derecho a la autodeterminación está rodeado de una gran incertidumbre. La interpretación de «todos los pueblos» no está clara; por ejemplo, ¿los «pueblos» deben ser definidos por su etnia y/o geografía? En caso afirmativo, ¿qué pasa con los ciudadanos de un Estado multiétnico: pueden ser pueblos? ¿Es necesario que la reivindicación de la autodeterminación sea legítima en el derecho internacional? ¿Qué pasa si se hace por la fuerza, como fue el caso de la invasión militar turca de Chipre del Norte y la subsiguiente declaración de la República Turca de Chipre del Norte? ¿El derecho a la autodeterminación prevalecería sobre cualquier reclamo que el Estado pueda tener para asegurar su existencia continua? En otras palabras: ¿es en efecto un derecho de secesión? Si es así, entonces parecería que el derecho de autodeterminación tiene el potencial de socavar la integridad del Estado en el derecho internacional.