Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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La distinción entre mercado interior y comercio exterior implica la presencia de un territorio unificado, claramente delimitado por una frontera nacional o, en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, por una organización que abarca una pluralidad de países.
Este texto se ocupa de los derechos de aduana y su historia, como los derechos establecidos en el Arancel Aduanero y/o en la legislación nacional, que gravan a las mercancías que entran al territorio nacional o que salen de él.
Este texto se ocupa de la política social en las economías abiertas. Tanto la teoría como las pruebas disponibles hasta la fecha sugieren que el vaso está más bien medio lleno que medio vacío: las políticas sociales eficaces siguen vivas en las economías abiertas, y los efectos positivos de las restricciones a la capacidad de los gobiernos para proporcionar políticas sociales superan los efectos negativos. Aunque varias fuerzas fomentan la armonización descendente, otras fuerzas, a menudo asociadas con la globalización y las economías abiertas, fomentan la armonización ascendente de las políticas. Las economías abiertas también pueden fomentar la armonización ascendente de las políticas sociales mediante el uso de cláusulas sociales y acuerdos paralelos en los acuerdos comerciales.
La Cámara de Comercio Internacional fue establecida en 1919 como una organización no gubernamental. Sus principales objetivos son facilitar el comercio internacional y el comercio, atender a las necesidades de la comunidad empresarial internacional. En marzo de 2020, la CCI y la Organización Mundial de la Salud anunciaron un llamamiento a la acción para movilizar a las empresas de todo el mundo con el fin de prevenir una mayor propagación y combatir las secuelas de la pandemia de COVID-19, incluso mediante la facilitación de los flujos de información. En marzo de 2020, la CCI lanzó una Iniciativa de Normas para el Comercio Digital, destinada a estandarizar el comercio digital y a establecer la interoperabilidad técnica entre las plataformas tecnológicas y las redes basadas en blockchain.
La autonomía privada es la autorización, dentro de los límites del derecho no imperativo, para ordenar los asuntos privados de una persona mediante un contrato. La libertad contractual, como elemento central de la autonomía privada, se desprende de la finalidad de un contrato: las obligaciones contractuales sancionadas por el Estado permiten la cooperación mediante el intercambio de prestaciones entre actores autónomos. Las partes privadas determinan qué actos se obligan a realizar y a quién se deben estas prestaciones. Por el contrario, si el Estado determinara quiénes son las partes de un contrato y utilizara el derecho imperativo (ius cogens) para determinar el contenido de la relación contractual, no sólo se dejaría de lado la libertad contractual -lo que en algunos sistemas jurídicos (por ejemplo, Alemania) contradiría su garantía constitucional- sino que ya no se podría hablar de “contrato”. Aunque a menudo se lee que la historia de la libertad contractual es la historia de su limitación, también hay que recordar un conocido comentario de Sir Henry Maine, a saber, que la progresión desde las estructuras sociales primitivas hasta las del periodo clásico del derecho romano fue la progresión del estatus al contrato. Las normas estructurales, derivadas de la esencia del contrato, deben distinguirse de las interferencias con la libertad contractual, derivadas del sistema jurídico respectivo, que imponen normas extracontractuales a un contrato.