En sentido amplio, el término política cultural engloba todas las iniciativas promovidas por los representantes del poder político en los ámbitos artístico, religioso, educativo y científico, así como en los sectores de los medios de comunicación y el ocio. La política cultural tiene un efecto ordenador, en la medida en que regula, por ejemplo, los derechos de autor (propiedad intelectual) y la protección de los bienes culturales, y una función promotora, en la medida en que apoya la producción artística. Adquiere una dimensión sociopolítica más amplia cuando la oferta cultural pretende contribuir a la creación de una identidad colectiva o al análisis crítico de la misma, o características de poder, cuando instrumentaliza las obras artísticas y los valores espirituales para sus propios fines. El concepto de promoción de la cultura define la política cultural en un sentido más estricto, entendiendo por tal el apoyo, principalmente material, a la producción, transmisión y preservación de la oferta cultural por parte de instituciones estatales o particulares, como fundaciones culturales, patrocinadores y mecenas.
