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Introducción: Clasificación Económica de los Ingresos y de los Gastos del Sector Público Concepto de Clasificación Económica de los Ingresos y de los Gastos del Sector Público en el ámbito de la contabilidad, el derecho financiero y otros afines: Ordenamiento que permite realizar el análisis […]
Recursos Véase También Bibliografía Cueva, Mario de la, El constitucionalismo mexicano, El constitucionalismo a mediados del siglo XIX, México, UNAM, 1957; Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México, 1808-1975-; 6ª edición, México, Porrúa, 1975.
La moneda, como concepto jurídico, debe distinguirse de la noción de dinero. Desde un punto de vista económico, el dinero es un medio de cambio, una unidad de cuenta y una medida de valor. Por el contrario, la moneda es un concepto legal: una unidad monetaria específica de un sistema monetario dentro de un estado o zona monetaria. La moneda es la columna vertebral de un sistema monetario, que es a su vez el fundamento de un orden económico. La moneda es un concepto muy amplio que se relaciona con muchos ámbitos jurídicos diferentes, de ahí que la elaboración de una definición general sea todo un reto. El enfoque más sencillo consiste en analizar las funciones que asume el concepto de moneda. En el contexto de las relaciones jurídicas, la moneda tiene una función tanto abstracta como real. La moneda de cuenta (Rechnungswährung, monnaie de compte) determina el valor de la obligación monetaria. Cumple la función abstracta del dinero. La moneda de cuenta corresponde también a la “noción institucional de dinero”.
La gestión de las finanzas públicas incluye, entre otros rasgos que se describen en este texto, un principio esencial, el de la responsabilidad de los implicados. Se trata de agregar los créditos puestos a disposición de los gestores y hacerlos fungibles dentro de los programas o partes de programas que les han sido confiados. Esto significa que los gestores que recurren al control de gestión pueden ejecutar el programa del que son responsables como les parezca oportuno y disponen de un gran margen de maniobra, ya que pueden redistribuir los créditos como les parezca oportuno; pueden decidir la mejor manera de asignar los gastos; pueden transformar los créditos de funcionamiento en créditos de inversión y viceversa. Existe, por supuesto, una contrapartida en forma de compromiso de rendir cuentas de su gestión y de elaborar un informe de rendimiento. Se utilizan indicadores para evaluar la calidad de la gestión.
Lo que algunos autores, acerca de esta cuestión, han intentado hacer, y así se recoge en este texto es, mostrando suss propios puntos de partida, motivar la afirmación de que una buena elaboración de políticas (y el compromiso filosófico con ella) siempre debe prestar atención a la raza. El argumento es, piensan algunos autores, sobre esta cuestión, sencillo. La llamada a prestar atención a las preocupaciones prácticas y a las repercusiones sociales en la política, la llamada a prestar atención a la espesa construcción social de la raza y la llamada a reconocer que la raza es un hilo prominente pero desapercibido en nuestro tejido social parece que hacen que la afirmación de que la raza debe ser siempre una consideración para la política sea bastante natural. La ubicuidad y ocultación simultáneas de la raza significa que debemos estar especialmente atentos para buscar las huellas de la raza y el racismo en nuestra política social, independientemente de que parezcan estar ahí a primera vista.