Aunque existe coincidencia en afirmar que los inversores están expuestos a mayores riesgos cuando desarrollan inversiones en territorio extranjero (politización de conflictos, dificultades para demandar al Estado receptor de la inversión, incremento en los costes de transacción de resolución de conflictos, etc) no existe en la actualidad un Tratado multilateral que regule homogéneamente el Derecho Internacional de las inversiones. La doctrina destaca, entre otros, los siguientes riesgos: las eventuales asimetrías de poder frente a las autoridades locales, las dificultades para demandar al Estado receptor de la inversión cuando se vulneran sus derechos, el incremento de los costes (o costos, como se emplea mayoritariamente en América) de transacción inherentes a la gestión de estos eventuales conflictos, la falta de neutralidad e imparcialidad e las autoridades locales, los riesgos políticos emergentes, la inestabilidad jurídica, el declive de la competitividad y de los indicadores de desarrollo humano en el país receptor de la inversión.
