Todas las pruebas disponibles apuntan invariablemente a la falta, en cualquier resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, de autorización para usar la fuerza contra Irak en marzo de 2003. Más específicamente, la resolución 678(1990) no autorizó el uso de la fuerza contra Irak más allá de la reversión de su agresión contra Kuwait; las resoluciones 686(1991) y 687(1991) hablaban del fin definitivo de las hostilidades y, por lo tanto, reconocían que la base jurídica del uso de la fuerza contra Iraq en 1990-1991 había caducado; la Resolución 1441(2002) no pudo revivir una autorización inexistente del uso de la fuerza; su texto no revela tal intención; y la opinión abrumadora de los miembros del Consejo de Seguridad ha sido que nunca se ha adoptado tal decisión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Los argumentos se detallan en esta entrada. El razonamiento que se expone en la entrada, sin embargo, no puede proporcionar un análisis exhaustivo de las cuestiones jurídicas planteadas por la invasión de Iraq liderada por Estados Unidos en 2003, y se centrará únicamente en las cuestiones más importantes. No se mencionarán algunos hechos y cuestiones de fondo que son obvios e indiscutibles. Se desarrolla en especial el fundamento jurídico de la acción militar del Reino Unido contra Iraq. La guerra de 2003 en Irak, quizá más que ningún otro acontecimiento desde la Segunda Guerra Mundial, tocó las cuestiones centrales históricas del derecho internacional público, así como los avances del siglo XX en materia de derechos humanos internacionales.