La mayoría de las democracias clásicas aplican un procedimiento especial que implica la responsabilidad penal de los gobernantes. Fue en Gran Bretaña, en el siglo XVII, donde nació el procedimientode impeachment -adoptado por la Constitución de Estados Unidos en 1787-, que confiaba su enjuiciamiento y juicio a las asambleas representativas. También en Gran Bretaña, esta primera forma de responsabilidad penal, que podía acarrear la condena a muerte del acusado, desapareció progresivamente en favor de la responsabilidad política de tipo parlamentario, sistema que se extendió a Europa durante el siglo XIX. Debido a la necesidad constante de controles y equilibrios, los procedimientos excepcionales y anticuados de responsabilización penal de los políticos sólo son hoy un complemento de la responsabilidad política, que en sí misma se atenúa cada vez más, ya que las asambleas representativas sólo ejercen un control limitado sobre el ejecutivo. Mientras que el procedimiento de responsabilidad política, que sólo conlleva la dimisión, conduce más a una rotación del personal político que a una verdadera renovación y consagra una especie de reconocimiento del derecho al error político, sea cual sea el coste social, el procedimiento penal prevé la virtual eliminación política de la personalidad mediante una pena infinitamente más severa.
