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Salud

Derecho de la Salud Mental

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La salud mental fue definida una vez como el estado psicológico que existe en ausencia de enfermedad mental. El pensamiento científico social contemporáneo, sin embargo, ha abandonado la visión de que la salud mental y las enfermedades mentales son una antítesis entre sí. Ahora, la falta de enfermedades mentales ya no implica simplemente la presencia de la salud mental, al igual que la falta de salud mental ya no sugiere la presencia de enfermedades mentales. Así, el término salud mental se refiere a un estado psicológico social mayor que la mera ausencia de enfermedad mental. Por otra parte, algunos investigadores académicos sugieren que la salud mental puede estar presente en los individuos diagnosticados con enfermedad mental, una posición que presta un mayor apoyo a la opinión que la salud mental y las enfermedades mentales no deben ser tratadas como categorías opuestas.

El derecho de la salud mental incluye una amplia variedad de temas legales y se refieren a las personas con un diagnóstico o posible diagnóstico de una afección de salud mental, y a los involucrados en la gestión o tratamiento de estas personas. Las leyes relacionadas con la salud mental incluyen, entre otros, las normas sobre empleo, incluidas las leyes que prohíben la discriminación en el empleo en función de una condición de salud mental, que puedan requerir una acomodación razonable en el lugar de trabajo y proporcionan un perimiso laboral relacionado con la salud mental; normas sobre seguros, incluyendo leyes que rigen la cobertura de salud mental por planes de seguro médico, seguro de incapacidad, compensación de trabajadores, y seguro de incapacidad de la seguridad social; las normas sobre vivienda, incluyendo la discriminación y zonificación; o las normas sobre educación, incluyendo leyes que prohíben la discriminación, y leyes que requieren acomodaciones razonables, acceso igualitario a programas y servicios, y educación pública apropiada y gratuita.

Medicina Alternativa

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La curación es una actividad profundamente cultural. El mismo acto de etiquetar una enfermedad y prescribir un tratamiento expresa el compromiso de un curandero con un conjunto particular de supuestos sobre la naturaleza y la estructura de la realidad. Estas suposiciones no sólo ayudan a especificar los agentes que se piensa que causan la enfermedad, sino que también contienen entendimientos implícitos de lo que la salud, de manera óptima o normativa, permite a los humanos hacer. Dado que los sistemas médicos rivales suelen suscribir diferentes puntos de vista filosóficos y culturales, la noción de ortodoxia pertenece a la medicina tan seguramente como a la religión o la política. [rtbs name=”introduccion-a-la-politica”]Lo que hace que una terapia sea “ortodoxa” es su adhesión a un sistema de creencias que, por razones intelectuales y sociológicas, informa la práctica de los miembros dominantes del sistema de prestación de servicios médicos de una cultura.

Derechos Individuales frente a Salud Pública

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Existe un dilema entre permitir que las personas hagan lo que quieran a expensas de los beneficios para la salud pública, y proteger y mejorar la salud pública obligando a las personas a actuar contra su voluntad. Este problema es particularmente pertinente en los países “occidentales” o “desarrollados”, donde las intervenciones de salud pública son sancionadas por los gobiernos democráticos liberales. Se agudiza cada vez más a medida que un gobierno pasa de motivar la participación en un esfuerzo de salud pública a hacer valer todo el peso de la autoridad estatal, incluidas las facultades legales y las sanciones. Las primeras tensiones sobre el alcance de la salud pública y la aceptabilidad de sus medidas surgieron durante la lucha contra las enfermedades infecciosas en el siglo XIX y principios del XX. Volvieron a surgir en los últimos decenios del siglo XX a raíz de los esfuerzos por hacer frente a las enfermedades crónicas que empezaron a informar el patrón de morbilidad y mortalidad de las sociedades industriales. Revelan una tensión duradera entre la salud pública y los derechos individuales, una tensión que ignoramos por nuestra cuenta y riesgo. Los tribunales de los Estados Unidos casi siempre se han remitido a las autoridades de salud pública que han privado a las personas de su libertad en nombre de la salud pública.

Curanderos

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Este texto se ocupa de los curanderos, especialmente en la historia europea. Los poderes mágicos y los rituales populares dominaban la vida cotidiana entre la gente común, y muchos de estos ritos se integraron en el canon de la Iglesia católica romana. La fe popular en los poderes curativos naturales se basaba en milenios de tradición y tradiciones transmitidas de generación en generación. Las nociones de magia y fe religiosa combinadas con las sustancias activas derivadas de las plantas prometían un alivio milagroso. Las tareas de un barbero-cirujano eran variadas y numerosas ya que proporcionaba tratamiento médico básico a la mayoría de la población.

Acceso a la Atención Médica

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Algunas de las principales áreas jurídicas que afectan a la asistencia sanitaria son el derecho administrativo, el incumplimiento de contrato y la negligencia médica. El propósito de una directiva anticipada es documentar los deseos expresados por las personas con respecto a su atención sanitaria en caso de que queden incapacitadas o permanentemente inconscientes sin esperanza de recuperación. Los dos tipos más comunes de directivas anticipadas son (a) el testamento vital, un documento en el que una persona da instrucciones a su médico y/o apoderado sanitario para que renuncie a ciertos procedimientos médicos extraordinarios si, por ejemplo, la persona se está muriendo o está permanentemente inconsciente; y (b) el poder notarial duradero para la atención sanitaria, un documento que nombra a una persona como agente con autoridad para tomar decisiones sobre la atención sanitaria en nombre del mandante en caso de que el paciente se vuelva incompetente. La información médica puede compartirse sin la autorización del paciente con el fin de tratar a estos pacientes; coordinar la atención con otros proveedores; organizar el pago de honorarios a los proveedores; proteger la salud pública; y, en determinadas situaciones, informar a la policía y a otras autoridades.

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