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Atención Sanitaria

Este texto se ocupa de la atención sanitaria y sus aspectos jurídicos. Algunas de las principales áreas jurídicas que afectan a la asistencia sanitaria son el derecho administrativo, el incumplimiento de contrato y la negligencia médica. El propósito de una directiva anticipada es documentar los deseos expresados por las personas con respecto a su atención sanitaria en caso de que queden incapacitadas o permanentemente inconscientes sin esperanza de recuperación. Los dos tipos más comunes de directivas anticipadas son (a) el testamento vital, un documento en el que una persona da instrucciones a su médico y/o apoderado sanitario para que renuncie a ciertos procedimientos médicos extraordinarios si, por ejemplo, la persona se está muriendo o está permanentemente inconsciente; y (b) el poder notarial duradero para la atención sanitaria, un documento que nombra a una persona como agente con autoridad para tomar decisiones sobre la atención sanitaria en nombre del mandante en caso de que el paciente se vuelva incompetente. La información médica puede compartirse sin la autorización del paciente con el fin de tratar a estos pacientes; coordinar la atención con otros proveedores; organizar el pago de honorarios a los proveedores; proteger la salud pública; y, en determinadas situaciones, informar a la policía y a otras autoridades. También se ocupa de la regulación sobre Atención sanitaria.

Pena de Deportación

Este texto se ocupa de la pena de deportación, y cómo ha sido aplicada, especialmente en el siglo XX. En buena parte, se hace un análisis de los desplazamientos más masivos de la era de Stalin: las deportaciones basadas en la nacionalidad, concluyendo con ejemplos de las trayectorias vitales de los hijos de los deportados a medida que se desplazaban transnacionalmente dentro de la Unión Soviética y en sus estados sucesores.

Derechos Individuales frente a Salud Pública

Existe un dilema entre permitir que las personas hagan lo que quieran a expensas de los beneficios para la salud pública, y proteger y mejorar la salud pública obligando a las personas a actuar contra su voluntad. Este problema es particularmente pertinente en los países “occidentales” o “desarrollados”, donde las intervenciones de salud pública son sancionadas por los gobiernos democráticos liberales. Se agudiza cada vez más a medida que un gobierno pasa de motivar la participación en un esfuerzo de salud pública a hacer valer todo el peso de la autoridad estatal, incluidas las facultades legales y las sanciones. Las primeras tensiones sobre el alcance de la salud pública y la aceptabilidad de sus medidas surgieron durante la lucha contra las enfermedades infecciosas en el siglo XIX y principios del XX. Volvieron a surgir en los últimos decenios del siglo XX a raíz de los esfuerzos por hacer frente a las enfermedades crónicas que empezaron a informar el patrón de morbilidad y mortalidad de las sociedades industriales. Revelan una tensión duradera entre la salud pública y los derechos individuales, una tensión que ignoramos por nuestra cuenta y riesgo. Los tribunales de los Estados Unidos casi siempre se han remitido a las autoridades de salud pública que han privado a las personas de su libertad en nombre de la salud pública.

Habeas Corpus

Territorio, Estado, Naturaleza

Hábeas corpus es un procedimiento, un “rescripto” (writ), del derecho inglés, emitido ya en el siglo XII: consiste en un acto, emitido por la jurisdicción competente, por el que se ordena a un preso que declare en qué día y por qué causa ha sido detenido (de ahí el nombre, en latín, de “tener [su] cuerpo”, es decir, ser restituido). Volvió a entrar en vigor en la Petición de Derechos de 1627, mientras que en 1679 se promulgó la Ley de Hábeas Corpus, que seguía consagrando el principio de la inviolabilidad personal y aún regula sus garantías: en virtud de esta ley, el acusado debe conocer la causa de su detención y es conducido ante el magistrado competente, que debe pronunciarse inmediatamente sobre su libertad, si puede prestar fianza para volver a ser juzgado. La Ley de 1816 extendió la garantía del h. a las detenciones por causas civiles y otorgó a los jueces jurisdicción sobre la veracidad de la denuncia. Por razones excepcionales de orden público, el habeas corpus puede ser suspendido temporalmente por ley, como ocurrió, por ejemplo, en el período 1794-1801. Es una acción judicial de amparo a todo detenido, a fin de que sea llevado a presencia del juez, al objeto de resolverse inmediatamente sobre su libertad o arresto. Con referencia genérica a la institución del derecho inglés, la expresión se utiliza para indicar las garantías de las libertades personales de los ciudadanos que están constitucionalmente aseguradas.

Glosario de Libertades en Europa

La libre circulación de personas comprende la libre circulación de trabajadores y la libertad de establecimiento de los trabajadores autónomos. La libertad de establecimiento es el derecho a emprender y ejercer actividades por cuenta propia en otro Estado miembro y a crear y gestionar empresas en las mismas condiciones que las establecidas para los nacionales de ese Estado miembro. El TFUE salvaguarda la libertad de los nacionales de la UE a prestar servicios a otros nacionales de la UE en diferentes Estados miembros de la UE.

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