Resulta controvertido cuándo comienza precisamente la historia de la política y el derecho en materia de discapacidad. Los textos religiosos que proscribían el trato a las personas con deficiencias mentales o físicas, las primeras definiciones legales de las personas con deficiencias sensoriales y mentales en la Roma clásica, la fundación de casas de limosna y fundaciones benéficas y el comienzo de la ley de tutela en la Edad Media son todas versiones tempranas de la “ley de discapacidad”. Aún así, no fue hasta los albores del siglo XVII cuando el derecho y la política de la discapacidad existieron en formas reconocibles hoy en día. Aunque algunos textos comienzan su historia con la Ley de Pobres inglesa de 1601, esta ley fue en realidad la última, y la más influyente, de una serie de estatutos ingleses, que se remontan al menos a 1388. El Estado británico ha apoyado a las personas con discapacidades desde que la Ley de Pobres isabelina (antigua) de 1601 ordenó la recaudación de impuestos para el “alivio necesario de los cojos, impotentes, ancianos y ciegos”. Desde el inicio de la política de asistencia social, los solicitantes se han enfrentado a la sospecha popular y a las acusaciones de que sus condiciones médicas han sido fingidas o exageradas. El desarrollo de los medios de comunicación durante el siglo XVIII condujo. en muchos lugares, a una mayor estereotipación de los discapacitados, con intentos de separar las condiciones “genuinas” de las “falsas” y diferenciar entre los tipos de discapacitados buenos y malos. Esto condujo a que se pidiera que la ayuda social se basara en principios médicos más firmes, junto con propuestas para devolver a los enfermos y discapacitados a la fuerza de trabajo. Sin embargo, la evidencia sugiere que la ayuda, en Gran Bretaña, bajo la antigua Ley de Pobres reconocía las circunstancias individuales y, aunque la ayuda estaba por debajo de los salarios medios, contribuyendo al empobrecimiento de los discapacitados, los solicitantes valoraban su trato personal con los supervisores. Esto contrasta con las quejas expresadas por las personas discapacitadas hoy en día sobre su trato con los regímenes cada vez más impersonales de pruebas y vigilancia. La Nueva Ley de Pobres de 1834 profundizó la división entre los discapacitados y los demás pobres, en parte para protegerlos de los aspectos más punitivos de la política de bienestar. Sin embargo, al introducir regímenes más estrictos de pruebas médicas, reforzó las distinciones y las exclusiones y fortaleció el papel de los guardianes en la restricción del acceso a las prestaciones. Las imágenes negativas de los solicitantes de prestaciones sociales han sobrevivido en la era del Estado del bienestar moderno, en la que la necesidad de proteger a los vulnerables y de proteger los intereses del contribuyente se han mezclado en los medios de comunicación y en la política.
