Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
Comprender en profundidad cómo funciona el mundo de hoy para navegar por el mundo de mañana.
Este esquema aborda en primer lugar la historia de las diversas ciencias complementarias de la Tierra y, a continuación, los estudios sobre la naturaleza, el alcance, los métodos y los principales problemas de las ciencias geológicas, hidrológicas y atmosféricas.
La privatización de los servicios públicos ha sido un tema muy controvertido desde el decenio de 1980, en el que han participado encargados de la formulación de políticas, académicos, grupos laborales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y activistas de base de todo el mundo. La privatización afecta a casi todas las facetas de nuestras vidas, desde el agua hasta la atención sanitaria, la educación y el transporte, y ha alterado fundamentalmente la forma en que las personas interactúan con el Estado y con el capital privado. Pero la privatización no es ni mucho menos un fenómeno simple o singular, sino que adquiere características institucionales e ideológicas diferentes en distintos sectores y lugares. Lo que es más importante, el término ha llegado a describir una gama mucho más amplia de tendencias de comercialización, no todas las cuales implican la venta de activos públicos o incluso la participación de empresas privadas.
Las emisiones humanas de gases de efecto invernadero causarán (y ya han causado) daños a otros seres humanos. Es un compromiso estándar de las sociedades democráticas liberales que es inmoral e injusto que una persona perjudique a otra. Por tanto, el cambio climático global debe entenderse como un problema moral o de justicia. En una sección de este texto, secdefenderá esta afirmación. En particular, se argumenta que los enfoques económicos convencionales del cambio climático son inadecuados porque no toman en serio la justicia. Si el cambio climático es un problema de justicia, sólo podremos resolverlo desarrollando y aplicando principios de “justicia climática” (véase más detalles). En otra sección, se considera el papel de los principios de justicia climática en el principal acuerdo internacional sobre el cambio climático. Se identifica el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” (CBDR) como el principio clave para asignar las obligaciones relacionadas con el clima en la política climática internacional. Por último, se reitera el principio propuesto y se identifica los trabajos que deben realizarse para desarrollar una concepción más completa de la justicia climática que pueda ponerse en práctica.
El papel de la mujer en el impulso del desarrollo sostenible ha evolucionado considerablemente desde el decenio de 1990. El empoderamiento de la mujer en todos los niveles de la sociedad ha dejado de ser un objetivo limitado a un pequeño grupo de feministas para pasar a la corriente principal, con un conjunto cada vez mayor de defensores en el gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las empresas. Cuando la situación socioeconómica de la mujer es inferior a la del hombre y/o cuando existen desigualdades, las mujeres tienden a ser las más afectadas por el cambio climático y los desastres naturales. Las sequías e inundaciones derivadas del cambio climático aumentan la carga de trabajo doméstico de las mujeres, que tienen que ir a buscar agua y leña, lo que las expone aún más a riesgos para la salud y la seguridad. Las desigualdades en el acceso a los recursos, la educación y las oportunidades dejan a las mujeres poco preparadas para los tiempos de escasez de recursos o de desastres y dan lugar a una representación excesiva de las mujeres en el número de víctimas mortales de los desastres naturales.
Este texto se ocupa del futuro de la justicia de género y la justicia climática. El reconocimiento de las preocupaciones de las mujeres, reflejado en el Manifiesto de las Mujeres sobre el Cambio Climático, puede ampliarse para ilustrar la falta general de reconocimiento de las voces colectivas de las mujeres en las campañas. Pero el reconocimiento suele reclamarse más que darse, y se sugiere que hay motivos de esperanza en los nuevos movimientos por la justicia de género y climática que surgen de protestas y campañas poco ortodoxas. También considerará brevemente la relevancia de las obligaciones extraterritoriales para los derechos humanos y el cambio climático y, a continuación, se ofrecerá algunos ejemplos que sugieren que el propio lenguaje de la extraterritorialidad puede crear confusión en lugar de aportar claridad a la hora de contemplar las obligaciones climáticas, por lo que quizá sea mejor evitarlo. En su lugar, se argumentará que el lenguaje relacional que habla intencionadamente de la naturaleza de la relación a la que se vincula la obligación es más prometedor para la realización de la justicia climática y la rendición de cuentas.