Ética Política

Moralidad de la Clase Política

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Este texto se ocupa de la moralidad de la clase política, en el contexto del comportamiento político y su ética, incluyendo la corrupción política. El debate del texto demuestra que nuestras definiciones provisionales iniciales de los conceptos de moral y política necesitan ser revisadas. La literatura ha sugerido que las moralidades son sistemas de normas éticas que priorizan los valores de diferentes maneras; son relativamente explícitas y se aplican en todos los contextos, guiando las acciones, el discurso y el pensamiento, facilitando la coordinación y la cooperación social, y movilizando sentimientos morales reconocibles. En cuanto al concepto de lo político con el que empezamos, ahora debería quedar claro lo “irreal” que es. Porque, en primer lugar, considera que el campo de la política es conflictivo en esencia y de carácter puramente estratégico y táctico, ocupado por titulares y desafiantes en la búsqueda de sus intereses, y asume que los valores e ideales no pueden motivar directamente la acción y trata las justificaciones en términos morales como racionalizaciones. O, en segundo lugar (y en cierta tensión con esta primera concepción), sugiere que siempre que las consideraciones morales parecen motivar la acción, sirven a los intereses de los poderosos y se configuran dentro de las relaciones de poder. Pero en tercer lugar, y lo más fundamental, ninguna de las dos concepciones da cabida a que el agente viva y actúe, como dijo Spinoza, “como le dicta su propia naturaleza y su juicio” -en otras palabras, como podríamos decir (no incontrovertiblemente), en su “interés real”. Y excluir esto es excluir la identificación de las operaciones de lo que he llamado la “tercera dimensión” del poder sobre la base supuestamente realista de que tales intereses “reales” no pueden existir.

Teoría de la Agencia en Filosofía Política

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Aunque no hay un contrato literal entre el gobernante y los gobernados, las actividades de apoyo a la convención del pueblo establecen lo que puede llamarse una relación de “agencia” entre ellos y el gobernante. Esta relación, que según Locke prevalece entre el gobernante y el pueblo, es una relación en la que el gobernante actúa como agente del pueblo, contratado por éste para realizar ciertas tareas y capaz de ser despedido por él si considera que realiza esas tareas de forma incorrecta. Aunque esta relación no es literalmente contractual ni en su naturaleza ni en su origen, es lo suficientemente similar a las relaciones de agencia reales iniciadas por contratos como para que se pueda perdonar cualquier conversación metafórica sobre un “contrato social” entre gobernantes y gobernados. Para ver esta relación de agencia, consideremos la forma en que la revolución es posible y justificable en el modelo de convención. Al igual que la creación de un Estado requiere la resolución de ciertos problemas de coordinación potencialmente conflictivos, lo mismo ocurre con su cambio. El análisis de las razones que tiene una persona para aceptar o rechazar una convención de gobierno muestra la relación de agencia implícita entre el gobernante y el pueblo en el modelo de convención. En un sentido bastante literal, el gobernante es “contratado” en virtud de esta convención, y si el pueblo decide no mantener esa convención, entonces será “despedido” y se “contratará” a un nuevo gobernante mediante una nueva convención o convenio.

Libertarismo Económico

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El libertarismo es una filosofía política-económica (o un grupo de filosofías políticas-económicas). Para los libertarios, la libertad individual es un valor político primordial. En el ámbito económico, debe combinar la iniciativa privada, la libre competencia y su corolario, la economía de mercado. Un punto de referencia fundamental de la ética económica y social contemporánea, el enfoque libertario se aleja profundamente del utilitarismo. Una corriente central en el renacimiento de las doctrinas del libre mercado en la segunda mitad del siglo XX ha sido el libertarismo económico, que destaca por la prioridad que concede a la economía y al razonamiento económico sobre la política y los asuntos públicos. Este texto traza la evolución del libertarismo económico, desde la crítica ordo-liberal del colectivismo y el totalitarismo, hasta la crítica neoliberal de la socialdemocracia y el Estado del bienestar. Explora la diversidad de las ideas y políticas asociadas al libertarismo económico, y su relación con el conservadurismo.

Libertarismo

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El libertarismo es un conjunto de puntos de vista en filosofía política. Los libertarios valoran mucho la libertad individual, viendo el respeto por la libertad individual como un requisito central de la justicia. Cabe definir el libertarismo en general como la teoría social que aboga por una disminución en el alcance del gobierno y un aumento en el alcance de la autonomía individual.

Solidaridad

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Esta entrada se ocupa de la Solidaridad, un principio que representa el componente esencial para la conformación de la seguridad social, que permite que cada miembro de la sociedad contribuir según sus capacidades y a la vez recibir prestaciones sufrientes para superar un estado de necesidad. Además, esta entrada ofrece una visión general del concepto “solidaridad” en un marco más amplio. Tras una breve descripción de los principales relatos sociológicos, el texto pasa a examinar la solidaridad tal como se utiliza en los movimientos para el cambio social. Se incluye una discusión de la solidaridad como un compromiso hecho por los poderosos para ayudar a los desamparados en las luchas por la justicia. También se presenta la solidaridad como obligaciones del Estado de bienestar y como un derecho humano. El texto termina con la mención de las justificaciones normativas de la solidaridad y dos posibles desafíos a las relaciones de solidaridad.

Historia de la Desconfianza Política

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Este texto se ocupa de la historia de la desconfianza de la población hacia los políticos y la consecuencias de la desconfianza política en los años 70. Este texto también analiza los esfuerzos del gobierno para aumentar la lealtad del público. A principios de la década de 1970 se produjo una renovada hostilidad pública hacia el gobierno y las grandes empresas. Mucha gente criticaba el imperialismo y la violencia del gobierno. Los juristas simpatizaban más con los activistas. La influencia de las empresas en el gobierno federal, aunque siempre presente, se hizo más descarada. Los políticos de los dos principales partidos aceptaron contribuciones ilegales de las grandes empresas y cooperaron con los grupos de presión de la industria. El año 1975 supuso la consolidación del sistema. El gobierno combinó la agresión militar con investigaciones muy publicitadas destinadas a demostrar que “el sistema se criticaba y corregía a sí mismo”. Las investigaciones demostraron que la CIA había conspirado en complots para asesinar a jefes de estado en otros países, por ejemplo. Pero después de que los culpables individuales fueran señalados y castigados, el sistema permaneció intacto. Ninguna de las tácticas del gobierno restableció la confianza de los ciudadanos. El desempleo aumentaba y la gente se preocupaba por la inflación. El aumento de la participación democrática de la década de 1960 condujo a una desconfianza general en la autoridad, especialmente en la autoridad del presidente.

Apertura Política en los Años 70

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Este texta se ocupa principalmente de la necesidad de apertura democrática y política en los años 70 en América. Un informe publicado por la Comisión Trilateral, un grupo de líderes políticos de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, evaluó el estado de ánimo del público. El informe recomendaba poner límites a la democracia y hacer crecer una economía multinacional a través del capitalismo. Aun así, la fe pública seguía siendo baja y los ciudadanos continuaban desafiando el poder corporativo. Durante las celebraciones del bicentenario del país en 1976, los manifestantes celebraron un “Bicentenario del Pueblo” y arrojaron al puerto de Boston paquetes etiquetados con nombres de corporaciones petroleras.

Autoridad Democrática

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Basándose en las ideas que Hobbes, Locke y Aristóteles sugieren y utilizando las herramientas de la ciencia social moderna para ayudar a desarrollar un nuevo y mejor tipo de teoría basada en el consentimiento. La teoría que algunos autores proponen distingue entre tres tipos de estructuras de poder que pueden existir en un territorio: el dominio, la autoridad política y la autoridad política moralmente legítima (la tercera es una especie de la segunda). El modelo de convención de la autoridad política puede desarrollarse de forma plausible y robusta, de manera que arroje luz sobre la estructura de las democracias modernas. Las democracias modernas son estados en los que el reconocimiento de que la autoridad política es creada y sostenida por el pueblo está explícitamente incorporado a la estructura del estado en forma de votación (para los cargos y las leyes), disposiciones constitucionales para ejercer el control sobre las instituciones políticas, procedimientos de enmienda constitucional, etc. Pero todavía hay muchas preguntas que podemos hacer sobre este modelo.

Consentimiento en Filosofía Política

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El consentimiento (popular, o de los gobernados) es, para algunos, incompatible con la actividad revolucionaria, pero puede ser coherente con la desobediencia civil. Alguien como Martin Luther King Jr., incluso cuando desobedeció abiertamente ciertas leyes, se concibió a sí mismo como comprometido con la sociedad política a la que desafiaba; de hecho, desafió algunas de esas leyes porque decía estar comprometido con su país. La estrategia del ciudadano leal pero desobediente consiste en expresar su compromiso con la autoridad de los legisladores incluso rechazando lo que considera que son las leyes inmorales concretas que han legislado.En general, la desobediencia civil demuestra que el consentimiento de la convención es un fenómeno complicado, cuya concesión no puede equipararse a la mera obediencia a la ley. Incluso si el consentimiento es responsable de la creación y el mantenimiento de la autoridad política, es importante señalar que dicho consentimiento puede no expresar la aprobación de una persona a su régimen. Para dar cabida a la noción de aprobación, necesitamos una idea más sustanciosa de consentimiento que exprese no sólo la aquiescencia de un régimen político, sino también su aprobación y apoyo explícitos. Un régimen que recibe el consentimiento de aprobación obtiene de sus súbditos no sólo la actividad que lo mantiene, sino también la actividad que transmite su respaldo y aprobación. Un régimen que cuenta con el consentimiento de la mayoría de sus ciudadanos hará algo más que sobrevivir: El considerable apoyo de sus súbditos lo hará vibrante y duradero, capaz de soportar ataques desde fuera y desde dentro. Más allá de un tipo de actitud hacia el Estado, el consentimiento de aprobación es una decisión de apoyarlo debido a la determinación de que es algo bueno que apoyar. Al dar esta forma de consentimiento, el sujeto transmite su respeto por el Estado, su lealtad a él, su identificación con él y su confianza en él. Es muy probable que un Estado no pueda recibir ese consentimiento de respaldo de sus súbditos a menos que sea razonablemente eficaz o justo.

Convenio Rector en la Autoridad Política

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¿Cómo inventa o crea el pueblo la autoridad política? ¿Y cómo implica el consentimiento? Los Estados reales no parecen haber sido creados mediante promesas explícitas entre los ciudadanos, y las promesas ficticias en contratos hipotéticos no confieren autoridad. Así que necesitamos una forma de entender el proceso de invención de la sociedad política que sea a la vez históricamente plausible y que genere autoridad para que este enfoque de la autoridad política tenga éxito. El truco para desarrollar tal explicación es, como se ha señalado por algún autor contemporáneo, buscar una actividad de consentimiento que no sea explícita, prometedora o abiertamente dirigida a algún gobernante, sino más bien implícita, no prometedora y dirigida a desarrollar lo que llamamos una “convención de gobierno”, es decir, una convención que defina no sólo los cargos gubernamentales y los titulares de los mismos, sino también la naturaleza de la autoridad que tienen los que ocupan los cargos. Esta actividad consensuada puede adoptar diversas formas, por lo que para buscarla debemos comprender, a un nivel básico y abstracto, su forma de creación de convenciones. También tratamos, en este texto, de aclarar lo que implica la actividad consentidora de un sujeto, que da lugar a una convención de gobierno; entonces, como mostramos, podemos utilizar este modelo para entender la dinámica de las historias reales de creación de Estados.

Importancia del Estado

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Desde la época de Aristóteles hasta nuestros días, los filósofos han detallado los tipos de problemas sociales que podrían ser resueltos por una autoridad política que pudiera exigir obediencia. Una autoridad política legisla para resolver los problemas de coordinación y del dilema del prisionero en la comunidad (a través de las reglas de la propiedad, el contrato o el matrimonio, o de las reglas del derecho penal); adjudica los conflictos, hace cumplir la resolución de estos conflictos y hace cumplir la ley en general. En resumen, la mayoría de los filósofos entienden que la autoridad política es una autoridad que exige obediencia para garantizar el orden.
Todos los problemas de la teoría de los juegos y los problemas creados por el comportamiento antisocial son problemas de orden, que requieren una institución que permita a las personas lograr la coordinación, obtener la seguridad necesaria para que la cooperación sea racional, y proporcionar sanciones que fomenten el comportamiento cooperativo en situaciones en las que, de otro modo, sería irracional o, como mínimo, inoportuno. Aunque asegurar el orden en estos diversos sentidos no es, sin duda, la única tarea del Estado (y, de hecho, el objetivo de algunos textos de esta plataforma es reflexionar sobre otros propósitos del Estado), no obstante se suele asumir que esta tarea es necesaria para que podamos llamar a cualquier sistema de poder y autoridad un auténtico Estado.

Justicia Distributiva en el Ámbito Político

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Este texto se ocupa de la justicia distributiva en el ámbito político. Los Estados se justifican en la medida en que son creados por convención por las personas de un territorio para cumplir ciertas funciones consideradas extremadamente importantes por razones morales y de interés propio. Este proceso de creación implica la invención de un tipo especial de autoridad y un considerable poder coercitivo que luego se invierte en esas personas que se dice que “componen” el Estado. Con este poder y esta autoridad, estos gobernantes desempeñan las funciones para las que se creó el Estado. Nuestro análisis también nos ha permitido distinguir entre lo que se llama propiamente “estados” y (meros) “sistemas de dominio”. Las personas que son ciudadanos de estados desempeñan un papel en el mantenimiento (y tienen la suficiente libertad para emprender acciones colectivas para cambiar) la convención de liderazgo de su sociedad; los que están sujetos a sistemas de dominio son dominados mediante el uso de la tecnología que les deja relativamente impotentes para cambiar la forma de ese dominio mientras exista esa ventaja tecnológica. Pero, como hemos señalado, quizá todos los Estados tengan algunos elementos de dominio en su interior. No obstante, esta no es una respuesta plenamente satisfactoria para los anarquistas. Hay aspectos de la justicia en el que los desacuerdos son más graves y que ha sido la parte más dominante de la teoría política desde finales de los años sesenta: es decir, la justicia distributiva, que implica las reglas de propiedad e intercambio de bienes, el derecho de sucesiones, los impuestos (especialmente si se proponen con fines de redistribución de la riqueza) y las regulaciones sobre las instituciones que crean o utilizan la riqueza. Revisamos cuatro formas diferentes de definir la justicia distributiva: el utilitarismo, el contractualismo rawlsiano, el libertarismo y el igualitarismo. En vista de estos desacuerdos, no hay manera de que los ciudadanos de cualquier régimen de la tierra puedan estar unánimemente de acuerdo en que un régimen tiene un gran éxito en la realización de la justicia, ya que los partidarios de cualquiera de estos puntos de vista se opondrán a los Estados que no respalden su punto de vista favorito.

Alcance de la Justa Autoridad Política

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Los marxistas también critican a los que hacen hincapié en la justicia distributiva, pero por razones muy diferentes a las de los comunitaristas. Karl Marx (1818-1883) argumentó que cualquier distribución de recursos en una sociedad está inevitablemente generada por la forma de organización económica de esa sociedad. En nuestra época esa forma de organización es el capitalismo, y Marx argumenta que el capitalismo opera para generar grandes desigualdades de riqueza (y bienestar) debido a la forma en que los mercados y las empresas capitalistas operan para favorecer a los propietarios y perjudicar a los trabajadores. En “El Capital”, Marx incluso propone una teoría económica basada en la “teoría del valor del trabajo” (popular en el siglo XIX pero ahora ampliamente rechazada por los economistas) para tratar de mostrar cómo la explotación del trabajador en este sistema es inevitable. Por otro lado, y en relación a la teoría feminista, si las preferencias de las personas son creadas en parte por un sistema injusto de dominación, entonces una teoría de la justicia distributiva que simplemente satisface esas preferencias sin evaluarlas o tratar de corregir las fuerzas opresivas que las generan también es moralmente insatisfactoria.

Igualitarismo Político

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Este texto se ocupa del igualitarismo político. Hay dos respuestas destacadas en las teorías igualitarias modernas: igualdad de bienestar e igualdad de recursos. El igualitarismo del bienestar es popular entre aquellos que se sienten atraídos por la visión del utilitarismo de que el bienestar humano es, en última instancia, la característica moralmente más importante de una comunidad a la que el Estado debe prestar atención, pero que quieren trazar un camino para que el Estado persiga el bienestar no de una manera “agregada”, sino de una manera más sensible a las particularidades de los individuos. Sin embargo, esta forma de formular una visión igualitaria plantea algunos problemas graves. Muchos igualitaristas hayan seguido a Ronald Dworkin en la defensa del “igualitarismo de los recursos”, que haría que el Estado igualara los recursos (tal vez definidos según algo parecido a los bienes primarios de Rawls), no el bienestar. Pero Dworkin argumenta que es interesantemente difícil distribuir los recursos “equitativamente” de una manera que sea genuinamente justa. No es tan sencillo como dar la misma cantidad de recursos a cada persona y utilizar el Estado para supervisar las transferencias para garantizar que sigan siendo las mismas. En cambio, lo que Dworkin quiere defender es una forma de distribuir los recursos que, aunque no dé lugar a que todo el mundo tenga exactamente la misma cantidad, deje a cada persona satisfecha con su suerte y sea capaz de asumir la responsabilidad de cómo satisfacer sus gustos y asegurar su bienestar. Para aclarar su concepción de la igualdad, Dworkin propone un experimento mental similar al enfoque contractualista para definir la justicia.

Libertarismo de Nozick

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Este texto se ocupa del libertarismo de Roberto Nozick. La preocupación última de Nozick es la forma en que las concepciones de estado final y de patrón interfieren con la libertad. En cierto sentido, está de acuerdo con la importancia y la prioridad del primer principio de justicia de Rawls, pero, en opinión de Nozick, ese primer principio, que exige la misma libertad para todos, tiene implicaciones para el tipo de concepción de la justicia que puede respaldar una sociedad amante de la libertad. Debe ser una que permita a las personas la máxima (e igual) libertad para hacer con su propiedad lo que decidan hacer, sin estar sujetos a la interferencia del Estado. De ahí que Nozick esté a favor de un principio histórico de justicia, es decir, uno que atribuya a alguien un derecho de propiedad sobre un objeto en función de la historia de la adquisición de ese objeto por parte de esa persona, y no en función de si su posesión se ajusta a algún tipo de patrón. Ha habido muchas críticas a los puntos de vista libertarios en general y a la versión del libertarismo de Nozick en particular, algunas de ellas apasionadas. La crítica más obvia y popular ha sido a la noción libertaria de los derechos: ¿Por qué deberíamos pensar que la moral exige que concedamos a las personas unos derechos tan absolutos? ¿Cómo se puede pensar que los derechos se imponen de forma tan decisiva a todas las consideraciones sobre el bienestar de los demás en la comunidad? ¿Nozick realmente nos haría resistirnos a los derechos “absolutos” incluso si su respeto provocara un desastre para la comunidad en general? Además, ¿qué pasaría si la economía floreciera mejor si el Estado interfiriera en la economía de mercado (y, por tanto, en la actividad de transferencia de los individuos a través de contratos, etc.), por ejemplo, a través de la legislación antimonopolio?

Utilitarismo en la Filosofía Política

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La teoría del utilitarismo fue esbozada por el filósofo inglés Jeremy Bentham (1748-1832), que pretendía proporcionar una teoría política para que el Parlamento británico y otros gobiernos la utilizaran en la construcción de una legislación sólida y racional. Bentham estaba descontento con (lo que él consideraba) el carácter sin rumbo y “no científico” del proceso legislativo de su época y criticaba la idea de que una legislación significativa y genuinamente reformadora pudiera basarse en la idea tradicional (y en su opinión oscura) de los “derechos”. (En una ocasión comentó: “Los derechos naturales son un simple disparate: los derechos naturales e imprescriptibles, un disparate retórico, un disparate sobre zancos”). El principio de utilidad de Bentham, ya sea en su forma clásica o media, ha sido persistentemente atractivo para generaciones de políticos, legisladores y teóricos desde que lo promulgó. No sólo es sencillo y aparentemente “científico” en el sentido de que se le puede dar una formulación matemática (complaciendo así a los científicos sociales que desean tener fundamentos claros y rigurosos para la formulación de políticas), sino que también se ocupa centralmente de lo que muchos consideran el núcleo de la moralidad, a saber, el bienestar humano. También ha sido muy atractivo para los defensores del Estado del bienestar moderno, a quienes les gusta la idea de un gobierno activo en la ingeniería de las instituciones sociales utilizando un principio de razonamiento riguroso que se ocupa de lo que (al menos se puede decir) más importa en cuestiones de justicia, es decir, el bienestar humano. Sin embargo, el principio de utilidad ha sido fuertemente atacado, de modo que a lo largo de los años los defensores de ese principio han sentido la necesidad de modificarlo o redefinirlo para hacerlo plausible.

Teoría de la Justicia de John Rawls

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Este texto se ocupa de “La Teoría de la Justicia” de John Rawls, una obra fundamental en la filosofía jurídica y en la filosofía política. En 1971 John Rawls publicó su obra “Una teoría de la justicia”, y la filosofía política no ha vuelto a ser la misma desde entonces.
Rawls no sólo sentó las bases para una reconsideración a gran escala de la naturaleza de la justicia distributiva por parte de los filósofos críticos con el utilitarismo (véase más), sino que también dio nueva vida a la disciplina de la filosofía política, que estaba en gran medida moribunda en el mundo angloamericano en la primera mitad del siglo XX. Influido por la agitación política de los años 60, la visión de Rawls del Estado justo tiene un espíritu profundamente igualitario que muchos han encontrado convincente. Rawls argumenta que las partes se encuentran en una situación de incertidumbre porque no pueden estimar la probabilidad de que sean ricos o pobres, con talento o sin él, etc. Por lo tanto, dice Rawls, tienen que elegir como si pudieran acabar siendo los miembros menos favorecidos de su sociedad, de modo que querrían aquella concepción de la justicia que les diera el mejor trato en ese escenario. Aquí se desarrolla su argumento, en especial en relación a la justicia distributiva.

Filosofía Política de Hobbes

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El argumento de Hobbes recibió su desarrollo más completo en su clásico “Leviatán” (1651). Las líneas generales de su punto de vista son bastante sencillas: Imaginemos, dice Hobbes, un mundo en el que las personas viven sin ser gobernadas y, de hecho, sin estar siquiera en sociedad unas con otras. Tal “estado de naturaleza”, según Hobbes, sería un estado de guerra, en el que las personas entrarían inevitablemente en conflicto y se harían la guerra unas a otras, de modo que sus vidas serían “solitarias, pobres, desagradables, brutales y cortas”. Para preservar sus vidas y lograr una existencia cómoda, Hobbes dice que los seres humanos han creado y mantenido (y fueron racionales para crear y mantener) sociedades políticas para asegurar la paz y las condiciones para el comercio. Sin embargo, sostiene, la única forma viable de sociedad política que puede alcanzar estos fines es la gobernada por un soberano absoluto en el poder sobre el pueblo. Los detalles del experimento de pensamiento de Hobbes son filosóficamente importantes: Podemos, dice, pensar en las personas en el estado de naturaleza como si estuvieran “incluso ahora brotando de la tierra, y de repente, como los hongos, llegan a la plena madurez, sin ningún tipo de compromiso entre sí”. El hecho de que Hobbes creyera posible tal experimento mental y revelador de la naturaleza última de los seres humanos muestra que no está de acuerdo con un filósofo como Aristóteles, que insistiría en que despojar a las personas de sus conexiones sociales equivale a despojarlas de gran parte de su humanidad.

Teorías del Contrato Social

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Teorías del Contrato Social Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. Primeras Teorías del Contrato Social “Para entender bien el poder político y derivarlo de su origen, debemos considerar en qué estado se encuentran naturalmente todos los hombres, es decir, … Leer más