Matrimonio

El “régimen económico matrimonial” consiste en un conjunto de disposiciones legales o contractuales que regulan las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. La elección de las normas que rigen las relaciones patrimoniales entre los cónyuges es libre, siempre que estas disposiciones no sean contrarias al orden público. Cuando los futuros cónyuges hacen su contrato matrimonial, pueden, por ejemplo, hacer que el notario que lo redacta incluya cláusulas específicas como la cláusula de administración conjunta, la cláusula de desistimiento a cambio de una compensación o precipitación, o la cláusula de reparto desigual. Las capitulaciones matrimoniales suelen contener donaciones o legados. El Decreto nº 2009-1591, de 17 de diciembre de 2009, relativo al procedimiento ante el tribunal de familia en materia de regímenes matrimoniales y de copropiedad, atribuyó en Francia al tribunal de familia (JAF) la competencia para conocer de los litigios derivados de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Para pronunciarse sobre la pensión compensatoria a la vista del patrimonio estimado o previsible de los cónyuges tras la liquidación del régimen económico matrimonial, el juez francés, aplicando los artículos 4, 7 párrafo 2 (1) y 8 del Convenio de La Haya de 14 de marzo de 1978 sobre la ley aplicable a los regímenes económicos matrimoniales, consideró que los cónyuges estaban sometidos al régimen francés de la comunidad jurídica debido a su residencia común en Francia. El Tribunal de Casación anuló la decisión del Tribunal de Apelación de Versalles, al considerar que en el momento de su matrimonio, al haber residido en Nueva York durante un año, los cónyuges estaban sometidos al régimen matrimonial regulado por la ley americana durante ese periodo, y que el régimen jurídico francés de la comunidad de bienes sólo se aplicaba a su regreso a Francia. Por lo tanto, era conveniente dividir el patrimonio de los cónyuges en dos masas para disociar las que están sujetas a la ley americana de las que están sujetas a la ley francesa, con el fin de tener en cuenta el destino de los bienes dependientes de su primer régimen para considerar el resultado previsible de la liquidación de su segundo régimen.