Poder Ejecutivo y Administración Pública

En la era actual de trabajo temporal, trabajo a distancia y subcontratación, millones de trabajadores en algunos países, como Estados Unidos, se encuentran excluidos de la categoría de “empleado”, una distinción crucial que de otro modo permitiría la sindicalización y la negociación colectiva. Al rastrear la historia del término desde su entrada en el léxico público en el siglo XIX, se observa que la definición legal de “empleado” siempre ha sido políticamente cuestionada y profundamente afectada por reclamos competitivos de parte de los negocios y la mano de obra. Única en el mundo occidental, el derecho laboral estadounidense se basa en la idea de que “ningún hombre puede servir a dos amos”: los trabajadores le deben lealtad a su empleador, lo que en muchos casos es incompatible con la afiliación sindical.

En esta entrada, se examina históricamente que esta excepción estadounidense a los estándares internacionales de derechos y libertades en el trabajo, revelando una parte poco conocida de la lucha empresarial contra el New Deal. Al principio, los progresistas y los liberales desarrollaron un régimen laboral que, con la intención de restablecer las relaciones amistosas entre el empleador y el empleado, trató de incluir a la mayor cantidad posible de trabajadores en esta última categoría. Pero en la década de 1940, este lenguaje de armonía social se encontró con una creciente resistencia de los hombres de negocios, quienes presionaron sus intereses en el Congreso y los tribunales federales, presionando por una definición cada vez más estrecha de “empleado” que excluyera a grupos como capataces, supervisores y trabajadores del conocimiento.. Una historia cultural y política del derecho y los negocios estadounidenses, esta entrada arroja luz histórica sobre las luchas contemporáneas por la democracia económica y el poder político en el lugar de trabajo. En las Empresas Públicas, los trabajadores desempeñan sus labores en empresas que, totalmente o en forma mayoritaria, son propiedad del estado.