Política Sanitaria

Existe un dilema entre permitir que las personas hagan lo que quieran a expensas de los beneficios para la salud pública, y proteger y mejorar la salud pública obligando a las personas a actuar contra su voluntad. Este problema es particularmente pertinente en los países “occidentales” o “desarrollados”, donde las intervenciones de salud pública son sancionadas por los gobiernos democráticos liberales. Se agudiza cada vez más a medida que un gobierno pasa de motivar la participación en un esfuerzo de salud pública a hacer valer todo el peso de la autoridad estatal, incluidas las facultades legales y las sanciones. Las primeras tensiones sobre el alcance de la salud pública y la aceptabilidad de sus medidas surgieron durante la lucha contra las enfermedades infecciosas en el siglo XIX y principios del XX. Volvieron a surgir en los últimos decenios del siglo XX a raíz de los esfuerzos por hacer frente a las enfermedades crónicas que empezaron a informar el patrón de morbilidad y mortalidad de las sociedades industriales. Revelan una tensión duradera entre la salud pública y los derechos individuales, una tensión que ignoramos por nuestra cuenta y riesgo. Los tribunales de los Estados Unidos casi siempre se han remitido a las autoridades de salud pública que han privado a las personas de su libertad en nombre de la salud pública.