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A partir de finales del decenio de 1980 se produjo una lucha por el poder en Somalia. Al principio, la contienda fue entre el Movimiento Nacional Somalí (SNM), financiado por Etiopía, y el gobierno somalí de Siad Barre, pero dio un giro violento en 1988 cuando el Movimiento Nacional Somalí inició una guerra de guerrillas contra Siad. Un Siad cada vez más impopular comenzó a tomar represalias severas e indiscriminadas, y poco después parecía como si cada clan tuviera su propia milicia y compitiera por el poder político. Por una mezcla de razones, incluyendo el deseo de demostrar que la ONU también se preocupaba por las emergencias en África, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió proporcionar protección armada a los convoyes de socorro, lo que resultó ser el primer paso en una pendiente resbaladiza hacia una guerra total entre las fuerzas de la ONU y Mohammed Farah Aideed. Los defensores de la suspensión de la ayuda alimentaria argumentaron que Shabaab obtenía importantes beneficios directos e indirectos de la entrega de ayuda alimentaria en sus zonas de control y que era absurdo que una mano del gobierno estadounidense intentara exprimir financieramente al grupo terrorista mientras otra mano del gobierno lo alimentaba. Los que se oponen a la suspensión de la ayuda alimentaria argumentaron que no era ético considerar la posibilidad de cortar la ayuda de emergencia a un país en el que 3,5 millones de personas necesitaban asistencia urgente y que sería políticamente perjudicial para los esfuerzos estadounidenses por ganarse a los somalíes si Estados Unidos cortaba la ayuda alimentaria y se producía la hambruna en el país. Las cuatro lógicas -contra el terrorismo, la ley, el humanitarismo y los intereses políticos- chocaron en el proceso. Si la administración hubiera logrado nombrar a un director para USAID en el transcurso de 2009, muchos dentro de la administración sostienen que el asunto podría haberse manejado de manera diferente.