Ética en la Legislación
La legislación sobre ética afecta a ciertos colectivos, como abogados, médicos y enfermeras, pero también a los servidores públicos. Se han promulgado diferentes normas para hacer frente a los problemas básicos de una pérdida progresiva de la fe en el gobierno y una creencia generalizada en la naturaleza endémica de las irregularidades oficiales. Por ejemplo, la Ley de Ética en el Gobierno de 1978 fue el resultado de la preocupación por la integridad de los funcionarios del gobierno y la necesidad de que los ciudadanos confíen en los empleados del gobierno. A raíz de esta ley, y en respuesta a las críticas de que no iba lo suficientemente lejos en la descripción de las normas éticas, el Congreso también promulgó la Ley Pública 96-303, que entró en vigor el 1 de octubre de 1980, prescribiendo un Código de Ética para el Servicio Gubernamental. En el mundo, y salvo pocas excepciones (quizás los países nórdicos), sin embargo, para muchas cuestiones éticas que están en la agenda legislativa, por ejemplo, con respecto a la bioética y el derecho antidiscriminatorio, las normas morales son controvertidas, vagas o todavía están evolucionando. Además, el derecho no resulta ser un instrumento muy eficaz. Por lo tanto, necesitamos un nuevo paradigma, tanto para el análisis descriptivo como para el normativo. Este paradigma (un conjunto de principios, doctrinas y teorías relacionadas que ayudan a estructurar el proceso de investigación intelectual) interactivo, como posición normativa, puede resumirse en dos tesis. El proceso de legislación sobre cuestiones éticas debería estructurarse como un proceso de interacción entre el poder legislativo y la sociedad, o los sectores pertinentes de la sociedad, de modo que el desarrollo de nuevas normas morales y el desarrollo de nuevas normas jurídicas puedan reforzarse mutuamente. Y la legislación sobre cuestiones éticas debe concebirse de manera que sea una forma eficaz de comunicación que, además, facilite un debate moral permanente y una reflexión continua sobre dichas cuestiones, porque éste es el mejor método para garantizar que la práctica siga orientada a los ideales y valores que la ley trata de realizar.
