Autoridades nacionales que no quieran aplicar el párr. 1 de SC res. 2178 directamente tendría que justificar la no aplicación de esa resolución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Deben basarse, en su justificación, en el principio de legalidad mencionado, que en última instancia busca proteger la libertad individual. Bajo el debido respeto al principio de legalidad, especialmente en su versión estricta de nulla poena, la resolución 2178 seguramente no puede implementar ningún efecto criminalizador. Pero las obligaciones de cesar y desistir de todos los actos terroristas se derivan directamente de la resolución 2178 del Consejo de Seguridad. Incluso se podría argumentar (aunque con cierta dificultad) que la obligación de los individuos de no viajar a una región para participar en el financiamiento, planificación, La preparación, o la perpetración de actos terroristas también se deriva de la resolución en sí (párrafos 1, 6 y 8).
Eso significaría que una autoridad nacional, en ausencia de una ley nacional de control de fronteras, podría, desde la perspectiva del derecho internacional, basarse en la res. 2178 para rechazar la emisión de un pasaporte, por ejemplo. Tendría que respetar el derecho internacional de los derechos humanos, a saber, el derecho humano a abandonar el país (12 (2) ICCPR), para esto. Parece como si los límites establecidos en el art. 12 (3) El ICCPR está satisfecho a primera vista, ya que la prohibición y el control de los viajes es, como se argumentó anteriormente, «proporcionado por la ley», y parece ser «necesario» para proteger la seguridad nacional, el orden público y los derechos y libertades de los demás.
