La mayoría de los sistemas constitucionales parecen depender ahora de autoridades independientes para aumentar la legitimidad del proceso electoral; por lo tanto, en lo que respecta a la validación de las elecciones, debemos reconsiderar la fiabilidad de los organismos ejecutivos y la autonomía de las asambleas elegidas en comparación con un organismo de control electoral neutral e independiente. Dicho esto, las normas electorales siguen variando enormemente de un país a otro y, sin embargo, en términos muy generales, una observación parece ser válida en general: cuanto mayor y más detallado es el número de disposiciones relativas a las elecciones (especialmente las de procedimiento) que figuran en una constitución, más inestable es el carácter democrático del sistema en la práctica.