Se entiende por sistemas de extraterritorialidad aquellos en los que la jurisdicción y leyes de un Estado soberano no se aplican a determinadas personas que se encuentran en su territorio. La extraterritorialidad, en este ámbito internacional, es el estado de estar exento de la jurisdicción de la ley local, generalmente como resultado de negociaciones diplomáticas. La globalización plantea desafíos a la eficacia de la jurisdicción territorial y los estados reconocen que, en ocasiones, la regulación efectiva de las actividades dentro de sus territorios exige un grado de control sobre las actividades privadas más allá de sus fronteras. Cuando se utiliza de forma cooperativa, la jurisdicción extraterritorial tiene el potencial de llenar ciertos vacíos regulatorios y de responsabilidad.
Históricamente, esto se aplicaba principalmente a individuos, ya que la jurisdicción solía ser reclamada en pueblos y no en tierras. La extraterritorialidad también puede aplicarse a lugares físicos, como embajadas extranjeras, bases militares de países extranjeros u oficinas de las Naciones Unidas. Los tres casos más comunes reconocidos hoy internacionalmente se relacionan con las personas y pertenencias de jefes de estado extranjeros, las personas y pertenencias de embajadores y otros diplomáticos y buques en aguas internacionales.