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Convención Europea de Patentes

Ramas y disciplinas del derecho, economía, psicología, sociología y otras.

En 1973, los miembros de la CEE de entonces y otros, entre ellos Suiza, crearon el Convenio o Convención sobre la Patente Europea (CPE). El CPE establece una norma única de patentabilidad en todos los Estados contratantes (adoptó gran parte del anterior Convenio para la Unificación de Ciertos Puntos del Derecho Sustantivo sobre Patentes de
Invención o, abreviado, Convenio de Estrasburgo, que era otro Convenio del Consejo de Europa) y estableció la Oficina Europea de Patentes. Bajo este régimen, una solicitud de patente se somete a búsqueda y examen en la Oficina Europea de Patentes. Si la solicitud se concede, da lugar a un conjunto de patentes nacionales. Cualquier acción de infracción o revocación (aunque es posible, no obstante, oponerse a la concesión de una patente europea de forma centralizada siempre que se haga con 9 meses de antelación a la concesión) se llevan a cabo en relación con cada patente nacional. Aunque el régimen de la Oficina Europea de Patentes es preferible a un sistema de patentes nacionales totalmente independientes, existen una serie de problemas, que se describen aquí, y una parcial solución.

Glosario de Derecho de la Unión Europea

Introducción: Comunidad Económica Europea (ecc) Concepto de Comunidad Económica Europea (ecc) en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Asociación de países Europeos que limito sus actividades principalmente a asuntos económicos, sobre todo en lo que se refiere a tarifas y condiciones […]

Insolvencia

Este texto se ocupa de la Insolvencia, como la incapacidad de cumplir determinadas obligaciones en la fecha de vencimiento. Aún cuando los activos totales de una empresa puedan ser superiores a sus pasivos (véase más en esta plataforma general) totales, una empresa puede ser insolvente. En una quiebra del Capítulo 7, los activos del deudor se liquidan para obtener dinero en efectivo. El síndico divide los activos en función de si están exentos o no. El fideicomisario recoge los bienes no exentos del deudor, los vende y reparte el producto de manera justa para proteger los intereses de los acreedores. Al término de este proceso, la mayoría o la totalidad de las deudas del deudor son condonadas y no sobreviven a la quiebra. La Ley de Prevención del Abuso de Bancarrota y Protección del Consumidor, de Estados Unidos, exige que los deudores cumplan una prueba de medios que mide los ingresos de un individuo en relación con la mediana de los ingresos de la población del estado en el que reside. Además, la ley exige que un deudor que desee acogerse a cualquier capítulo de la ley de quiebras debe, a menos que esté exento, recibir asesoramiento crediticio individual o en grupo. En virtud del Capítulo 13 de la ley federal de quiebras, el deudor conserva sus bienes pero se compromete a devolver la totalidad o una parte de sus deudas sin intereses durante un periodo que oscila entre tres y cinco años. La quiebra del Capítulo 9 implica el ajuste de las deudas de un municipio. En una quiebra del Capítulo 11, el deudor propone un plan de reorganización para pagar a los acreedores a lo largo del tiempo. La quiebra del Capítulo 12 se creó específicamente para ajustar las deudas de los agricultores o pescadores familiares que obtienen unos ingresos anuales. La quiebra del Capítulo 15 se refiere a casos accesorios y otros casos transfronterizos.

Banco Central Europeo

Este texto se ocupa del Banco Central Europeo. Creado el 1 de junio de 1998, algunos meses antes del inicio de la tercera fase de la UEM. Tiene su sede en Francfort, Alemania. Los principales instrumentos de política monetaria consisten en operaciones de mercado abierto, seguidas de una facilidad marginal de crédito que permite a determinados participantes en el mercado financiero obtener préstamos a un día de los bancos centrales nacionales contra activos admisibles. Por último, los bancos de la Unión Monetaria Europea están obligados a mantener reservas contra los depósitos a corto plazo.

Mercado Único Digital

Como parte de su Estrategia para el Mercado Único Digital, la Comisión Europea comunicó en 2017 que desea introducir reglamentos verticales que sustituyan, o mejor dicho, entren en conflicto con el régimen de responsabilidad horizontal de los intermediarios de la Directiva sobre comercio electrónico, ya bien establecido. En una próxima revisión de la Directiva de servicios de medios audiovisuales se pediría a las plataformas que establecieran medidas para proteger a los menores de los contenidos nocivos y a todos de la incitación al odio. Entretanto, bajo el supuesto de cerrar una “brecha de valor” entre los titulares de derechos y las plataformas en línea que supuestamente explotan contenidos protegidos, el proyecto de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital introduciría obligaciones de filtrado para los intermediarios. Por último, la Estrategia del Mercado Único Digital de la UE también ha respaldado las medidas voluntarias como herramienta privilegiada para frenar las actividades ilícitas e infractoras en línea. Cada una de estas acciones erosionará el acuerdo de responsabilidad de los intermediarios de comercio electrónico al introducir de una forma u otra obligaciones de supervisión proactiva, provocando así un cambio sistémico de un régimen de responsabilidad basado en la negligencia a un régimen de responsabilidad estricta para los proveedores de alojamiento. Este cambio sistémico se produciría aparentemente contra el consenso público y sin ninguna justificación basada en pruebas empíricas. No obstante, tendría consecuencias nefastas al impulsar la privatización de la aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) en línea a través de la inteligencia algorítmica, basada en normas turbias y de aplicación privada, en lugar de en obligaciones legales transparentes. Esta reforma podría provocar un terremoto político que sacudiría y quebrantaría la coherencia sistémica de la legislación de la UE, las garantías procesales y los derechos fundamentales en línea.

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