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Las finanzas públicas locales tienen una larga tradición que puede remontarse al menos a la época de la fundación de ciudades en la alta edad media (900-1350). A diferencia de las ciudades antiguas que habían existido durante muchos siglos, como capitales y centros culturales o comerciales. Las ciudades fundadas en la alta edad media pueden considerarse inversiones empresariales de soberanos y otros detentadores del poder regional que pretendían ampliar sus dominios. Del mismo modo que una fortaleza hostil se neutraliza construyendo una fortaleza propia en las proximidades, los mercados y las ciudades se establecen y se privilegian en busca de una competencia inmediata. Los soberanos detentadores del poder concedían, a sus ciudades, autonomía local, incluyendo en particular el derecho a establecer su propio orden jurídico con igualdad ante la ley para las diferentes clases de ciudadanos que vivían dentro de los muros de la ciudad. En resumen, un clima favorable para el intercambio mercantil. A cambio, los soberanos y los detentadores del poder reclamaban impuestos, y otras cargas, como los rendimientos de la ceca. Por lo tanto, las finanzas públicas locales en estos primeros tiempos no eran tanto un problema de cómo la ciudad pagaba sus propios servicios públicos, sino de cómo un soberano o un detentador del poder podía obtener el rendimiento de su inversión.