Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Este texto se ocupa del error médico en el contexto de la política sanitaria, la organización sanitaria, el derecho médico y los derechos del enfermo. También se examina los aspectos sobre la generación de errores médicos: Inteligencia Artificial y las referencias médicas erróneas. Algunos estudios revela que los grandes modelos lingüísticos utilizados ampliamente para evaluaciones médicas no pueden respaldar las afirmaciones.
Este texto se ocupa de la política social en las empresas. A partir de la primera mitad del siglo XIX, el concepto de política social de empresa se refería a una amplia gama de medidas y prestaciones destinadas a paliar los problemas sociales causados por la industrialización y a proporcionar a las “clases trabajadoras” un nivel mínimo de seguridad social. Se trataba de esfuerzos voluntarios de las empresas privadas para mejorar el bienestar y la seguridad social de sus empleados. Estas medidas se diferencian de las prestaciones estatutarias y contractuales en que no se basan en el derecho. Los primeros desarrollos de la política social de las empresas deben considerarse en un contexto más general, en el que la educación del pueblo estaba motivada por consideraciones morales. Las élites preocupadas por ofrecer a “sus” trabajadores los beneficios de una política social a menudo también participaban activamente en organizaciones filantrópicas, que también pretendía resolver la cuestión social educando a las “clases trabajadoras” hacia un modo de vida racional. Ignoradas durante mucho tiempo en los registros estadísticos, las instituciones de la política social de las empresas siguen estando registradas sólo parcialmente a principios del siglo XXI, y su definición ha seguido siendo elástica.
No se puede exagerar la influencia del artículo de Ronald Coase de 1960, “El problema del coste social”. Publicado originalmente en el propio Journal of Law and Economics de la Facultad de Derecho, del que Coase fue editor de 1964 a 1982, el artículo sostiene que, en ausencia de costes de transacción, los recursos fluyen hacia su uso de mayor valor, independientemente de la asignación inicial de dichos recursos. Casi 30 años después de su publicación, Coase temía que “El problema del coste social” hubiera sido ampliamente malinterpretado. El Problema del Coste Social comienza con su famoso ejemplo del ganado frente a los cultivos. Un agricultor desea cultivar y un ganadero desea que su ganado deambule por donde crecen los cultivos. ¿Debería el ganadero ser responsable de los daños causados a los cultivos, o deberíamos impedir que el agricultor construya una valla donde el ganado desea vagar?
Para los consumidores que participan cada vez más en transacciones transfronterizas, hay dos cuestiones particulares de derecho contractual que revisten importancia: ¿qué ley es aplicable y qué estado tiene jurisdicción sobre una posible demanda? Tanto la identificación de la ley aplicable como su aplicación en un país extranjero requieren esfuerzos y costes adicionales. Aparte de las diferencias en cuanto a las disposiciones generales de derecho privado y procesal, también varía el nivel de protección especial de los consumidores. Debido a que el valor de las reclamaciones en cuestión será normalmente pequeño, los consumidores tendrían menos probabilidades de hacer valer sus reclamaciones sin la protección de la UE. Las normas especiales funcionan bajo el requisito previo de que la transacción se realice entre un consumidor y un profesional. Las definiciones de estas dos partes opuestas se corresponden con el acervo en materia de consumo (consumidores y derecho de protección de los consumidores). También se analiza el derecho de desistimiento de los contratos de consumo en el Derecho contractual europeo.
