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La Política Agrícola Común (PAC) europea ha sido una de las políticas agrícolas más controvertidas y complejas de todos los tiempos. La PAC fue una de las piedras angulares de la Comunidad Económica Europea (CEE) establecida por el Tratado de Roma de 1957, cuyo objetivo era crear progresivamente un mercado común y armonizar las políticas económicas de los entonces seis Estados miembros. Francia, Alemania Occidental, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo fueron los signatarios originales. Para intentar alcanzar estos objetivos (algunos de los cuales eran potencialmente conflictivos), se utilizaron dos mecanismos principales. En primer lugar, se fijó un generoso “precio indicativo” común a toda la CEE para cada uno de los principales productos agrícolas. Los productos alimenticios que entraban en la CEE procedentes de terceros países estaban sujetos a “gravámenes variables” (aranceles), que impedían que los precios objetivo fueran rebajados por importaciones más baratas. En segundo lugar, si el precio de mercado de un producto básico dentro de la Comunidad caía hasta un “precio de intervención” designado -normalmente fijado entre un diez y un veinte por ciento por debajo de su precio objetivo-, los organismos nacionales de intervención compraban todos los productos que no pudieran venderse a ese precio, eliminando artificialmente la oferta e impidiendo así una mayor caída de los precios. De este modo, la PAC estableció un “precio mínimo” para los productos agrícolas producidos en la CEE. Posteriormente, otros países adoptaron la PAC cuando se incorporaron a lo que se convirtió en la Comunidad Europea (CE) y es ahora la Unión Europea (UE). A lo largo de su vida, la PAC ha sido objeto de fuertes críticas. El coste financiero de la política ha sido muy importante.