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Visualización Jerárquica de Autorización de transporte Medio Ambiente > Medio natural > Vida silvestre > Reglamentación del transporte
Autorización de transporte Concepto de Autorización de transporte Véase la definición de Autorización de transporte en el diccionario. Características de […]
El Art 10(1)bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (PCPIP) sólo regula con carácter general que los países de la Unión están obligados a garantizar a los nacionales de dichos países una protección eficaz contra la competencia desleal. A tal efecto, el Art 10(1)ter PCPIP estipula que los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión “recursos jurídicos apropiados” y eficaces para reprimir la competencia desleal. Por último, el art. 1(1) lit b de las Disposiciones tipo de la OMPI contra la competencia desleal de 1996 también se abstiene de nombrar sanciones específicas (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)). Algunas prácticas comerciales desleales (por ejemplo, la violación de las normas de publicidad) son perseguidas por órganos administrativos, mientras que otros actos de competencia desleal se enfrentan a sanciones civiles. En Alemania, la aplicación de la ley de competencia leal está sujeta al derecho civil y penal. En cambio, en los Países Bajos la ley de competencia leal está regulada exclusivamente por el derecho civil. En algunos países, los organismos autorreguladores del comercio desempeñan un papel importante en la sanción de la competencia desleal.
Las fusiones y adquisiciones son objeto de amplia literatura y debate tanto dentro como fuera del ámbito jurídico. Dentro de la esfera jurídica, el término Fusiones y Adquisiciones se entiende generalmente como el proceso legal de adquisición de una empresa o del negocio de una empresa (“el objetivo”). Las transacciones de fusiones y adquisiciones en forma de acuerdos sobre acciones pueden ser tanto transacciones privadas de fusiones y adquisiciones como transacciones públicas de fusiones y adquisiciones. En las transacciones privadas de fusiones y adquisiciones, la adquisición de la empresa objetivo se efectúa mediante la celebración de un acuerdo de compra de acciones entre el comprador y un número normalmente limitado de accionistas vendedores que -en cualquier circunstancia- son conocidos por su nombre. Por el contrario, una operación pública de fusión y adquisición se efectúa mediante una oferta pública de adquisición realizada en bolsa.
Protección de los Artistas Interpretes o Ejecutantes, los Productos de Fonogramas (grabaciones de Sonido) y los Organismos de Radiodifusión en el Contexto de la Gestión Pública y las Ciencias Políticas Texto sobre Protección de los Artistas Interpretes o Ejecutantes, los Productos de […]
La autonomía privada es la autorización, dentro de los límites del derecho no imperativo, para ordenar los asuntos privados de una persona mediante un contrato. La libertad contractual, como elemento central de la autonomía privada, se desprende de la finalidad de un contrato: las obligaciones contractuales sancionadas por el Estado permiten la cooperación mediante el intercambio de prestaciones entre actores autónomos. Las partes privadas determinan qué actos se obligan a realizar y a quién se deben estas prestaciones. Por el contrario, si el Estado determinara quiénes son las partes de un contrato y utilizara el derecho imperativo (ius cogens) para determinar el contenido de la relación contractual, no sólo se dejaría de lado la libertad contractual -lo que en algunos sistemas jurídicos (por ejemplo, Alemania) contradiría su garantía constitucional- sino que ya no se podría hablar de “contrato”. Aunque a menudo se lee que la historia de la libertad contractual es la historia de su limitación, también hay que recordar un conocido comentario de Sir Henry Maine, a saber, que la progresión desde las estructuras sociales primitivas hasta las del periodo clásico del derecho romano fue la progresión del estatus al contrato. Las normas estructurales, derivadas de la esencia del contrato, deben distinguirse de las interferencias con la libertad contractual, derivadas del sistema jurídico respectivo, que imponen normas extracontractuales a un contrato.
Este texto se ocupa de la autoridad del agente, en el contexto de la agencia, su contrato, y la relación entre principal y agente en economía y en derecho. En función de su origen, pueden distinguirse diferentes categorías de autoridad. Por un lado, la autoridad puede otorgarse por consentimiento del representado (représentation conventionnelle). La presente entrada se centrará en este tipo de autoridad. La cuestión de si es necesario un contrato entre el principal y el agente o basta una declaración unilateral del principal para conferir el poder sigue siendo de interés teórico. Cualquiera que no desee convertirse en agente simplemente no necesita hacer uso del poder que se le confiere unilateralmente. Por otra parte, la autoridad también puede conferirse por ley y sin tener en cuenta la voluntad del principal.
Este texto se ocupa de la formación del Contrato. La cuestión de si se debe basar el contrato en el modelo tradicional de formación mediante oferta y aceptación se plantea especialmente en el caso de la utilización de servicios públicos que permiten el acceso directo sin control. Los primeros códigos ni siquiera contenían normas sobre la formación de los contratos. El derecho italiano, español y austriaco incorporaron posteriormente el concepto de oferta y aceptación en sus codificaciones. En cambio, los Códigos civiles francés y belga siguen sin contener normas relativas a la formación de los contratos. También se examinará este tema en el Ante-Proyecto de Reforma de las Obligaciones del Código Civil Francés y su distinción del Código Civil de 1804, muy preciso sobre las condiciones de validez y los efectos del contrato.
Poder de representación, acto y documento en el que éste se hace constar, por el cual una persona faculta a otra para que actúe en su lugar y proceda como su representante. Se aplica el concepto en varios sentidos, incluyendo como acto jurídico a través del cual el representado (o poderdante) concede a otra persona autoridad de representación. us normas sobre la poder de representación se han modificado en algunos aspectos en comparación con la Edición preliminar. En los sistemas jurídicos nacionales, el poder del mandatario se aborda, a diferencia del efecto de representación, sin grandes divergencias. El poder puede otorgarse de forma expresa o implícita, de modo que se infiera de las circunstancias. Dicha inferencia puede extraerse principalmente cuando un mandante nombra a otra persona para un cargo que generalmente implica la conclusión de transacciones en nombre del mandante. Muchos sistemas jurídicos (por ejemplo, Austria, Alemania, Italia, los países nórdicos y Suiza) cuentan con disposiciones legales específicas sobre este tipo de poder de representación. No siempre es fácil para los terceros verificar si la persona con la que tratan está autorizada en absoluto y actúa dentro del ámbito de su poder de representación. Puede resultar especialmente difícil cuando la poder de representación no es abstracta del contrato subyacente, y toda limitación en la relación interna restringe también los poderes del agente frente a terceros. Por lo tanto, un tercero puede, en todas partes, confiar razonablemente en la apariencia de poder de representación bajo ciertas condiciones.
En el derecho del transporte terrestre, el documento que establece la existencia del contrato de transporte se llama carta de porte. La “carta de porte” es el nombre utilizado por el Código de Comercio y por algunos textos que no se han incorporado a él, para designar el contrato de transporte de mercancías que vincula al expedidor, al transitario y al transportista. Se analiza en especial la regulación del transporte de mercancías por carretera.
Reforma Sanitaria en Estados Unidos Junto a la administración de la Seguridad Social, creada en los años treinta por el presidente, Franklin Roosevelt, y la sanidad pública para los más pobres y los mayores de 65 años, de Lyndon Johnson, la reforma de Obama ya forma parte de la precaria […]
Administración Local en el Derecho Español Administración Local a finales del Siglo XX En el Diccionario Jurídico Espasa, Administración Local se define como: Comisiones territoriales de administración local Previstas en la LBL para asegurar la colaboración entre la Administración del […]
Este texto se ocupa del principal y agente en economía y en derecho. La persona que representa a otra se denomina agente. La persona a la que el agente representa se denomina principal. Un acuerdo entre un principal y un agente por el que se confiere al agente autoridad para representar al principal se conoce como contrato de agencia. Las principales clases de agentes son los agentes generales, personas autorizadas para asumir el cargo completo de los negocios de su principal, y los agentes especiales, personas delegadas para actuar sólo en transacciones particulares. La principal diferencia entre las relaciones principal-agente y empleador-empleado es el poder del empleador para controlar las actividades de un empleado no agente.