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La obligación litigiosa es aquella que es objeto de discusión dentro de un proceso judicial, bien sea ante tribunales nacionales o internacionales. Obligación Litigiosa y el Reglamento Bruselas I Véase la entrada sobre materia contractual en relación al Reglamento Bruselas I y la entrada […]
Consideraciones Generales Hace referencia la expresión “subsidios familiares”, en esta plataforma global, fundamentalmente a los beneficios financieros pagados bajo programas del gobierno a los padres o tutores de los niños que cumplen con ciertos requisitos establecidos por ley. En esta […]
Visualización Jerárquica de Derechos Fundamentales Constitucionales Derecho constitucional > Derechos fundamentales constitucionales > Derechos civiles y políticos Derecho constitucional > Derechos fundamentales constitucionales > Derechos colectivos Derecho constitucional > […]
El Derecho de familia internacional europeo forma parte del Derecho internacional privado (DIPr) y se refiere a la regulación comunitaria del Derecho de familia. El Derecho de familia sustantivo en la Unión Europea no está unificado, sino que varía según los Estados miembros. En cambio, desde hace algún tiempo, el Derecho internacional privado está cada vez más europeizado. Se han introducido cada vez más normas procesales europeas uniformes y normas de elección de la ley aplicable. Este desarrollo comenzó inicialmente en el derecho de familia con el objetivo de crear un ámbito judicial europeo unificado a nivel procesal, pero entretanto se ha extendido a la creación de normas de elección de ley. El derecho de familia afecta considerablemente a los intereses personales y económicos de los individuos. En consecuencia, el creciente número de relaciones familiares transfronterizas y multinacionales hace necesaria una unificación de las normas de conflicto que afectan al derecho de familia y -aunque esto es objeto de debate- puede llegar a hacer necesaria una unificación del derecho de familia sustantivo en la Unión Europea.
Para los consumidores que participan cada vez más en transacciones transfronterizas, hay dos cuestiones particulares de derecho contractual que revisten importancia: ¿qué ley es aplicable y qué estado tiene jurisdicción sobre una posible demanda? Tanto la identificación de la ley aplicable como su aplicación en un país extranjero requieren esfuerzos y costes adicionales. Aparte de las diferencias en cuanto a las disposiciones generales de derecho privado y procesal, también varía el nivel de protección especial de los consumidores. Debido a que el valor de las reclamaciones en cuestión será normalmente pequeño, los consumidores tendrían menos probabilidades de hacer valer sus reclamaciones sin la protección de la UE. Las normas especiales funcionan bajo el requisito previo de que la transacción se realice entre un consumidor y un profesional. Las definiciones de estas dos partes opuestas se corresponden con el acervo en materia de consumo (consumidores y derecho de protección de los consumidores). También se analiza el derecho de desistimiento de los contratos de consumo en el Derecho contractual europeo.
Este texto se ocupa de las propiedades del matrimonio, especialmente de las Propiedades del matrimonio religioso. Y dentro del religioso, el matrimonio canónico.
Este texto se ocupa de la estructura de las Capitulaciones Matrimoniales en el ordenamiento jurídico. Se examina aquí la definición y función de los acuerdos matrimoniales, sus puntos generales y desarrollo histórico y la visión comparativa y evolución actual (tanto de las jurisdicciones del sistema de derecho civil como de las jurisdicciones de common law), especialmente en relación al derecho europeo.
El término filiación se emplea para definir la condición jurídica de padre o madre, en el mismo sentido al que los ordenamientos jurídicos latinos recurren -desde el punto de vista de la descendencia- al concepto de filiación (filiation, filiación, filiazione). La filiación legal establecida por adopción se tratará por separado (adopción). El establecimiento de la filiación debe distinguirse de la atribución de la responsabilidad parental. Aunque existe una clara tendencia a promover la participación conjunta de ambos progenitores en el ejercicio de dichas responsabilidades, independientemente de las circunstancias que hayan conducido al nacimiento del niño, pueden existir razones, establecidas por la ley o determinadas por los tribunales, que lleven a excluir a uno o a ambos progenitores de la atribución de la responsabilidad parental. Por otra parte, la responsabilidad parental puede atribuirse a personas que ejercen formas de parentalidad social que merecen cierto reconocimiento legal (por ejemplo, los padrastros o madrastras) o que sustituyen a los padres si éstos están ausentes o no cumplen satisfactoriamente su función de cuidado. En estos casos, la atribución de la responsabilidad parental no crea una relación de filiación o vínculos de parentesco con el niño. La distinción entre filiación y responsabilidad parental es relevante en el Derecho internacional privado.
Este texto se ocupa del cumplimiento de las obligaciones. Aquí se examina también la determinación del contenido de la obligación a cumplir, las modalidades de cumplimiento (lugar de cumplimiento, momento del cumplimiento, cumplimiento parcial y ejecución por una tercera persona), y los tipos particulares de cumplimiento (obligaciones dinerarias y cumplimientos alternativos).
Esta entrada se ocupa de los matrimonios en Europa. Se incluye un examen del panorama jurídico y político que influye en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, ya sea en el matrimonio o en las parejas reconocidas por el Estado.
L a Comisión Internacional del Estado Civil elabora recomendaciones y convenios, recopila la legislación nacional y la jurisprudencia de los Estados contratantes en materia de registro personal, facilita información a los Estados contratantes basándose en esta documentación, coordina su trabajo con otras organizaciones y, dentro de sus competencias, coopera con terceros países. Hay razones para no adherirse a la Comisión Internacional del Estado Civil, por ejemplo su carácter eurocéntrico y el uso del francés como lengua oficial. Además, la asamblea general no parece tener ningún interés en animar a participar a ningún estado no europeo que no disponga de un sistema nacional de registro de datos personales. La función de la Comisión Internacional del Estado Civil no es tanto redactar Convenios como recomendar su ratificación. Los Convenios también deben incorporarse a la legislación nacional sobre el registro del estado civil y ser aplicados diariamente por una burocracia bien formada. Cuando faltan tales instrumentos, la pertenencia a la Comisión Internacional del Estado Civil tiene poco sentido.
El concepto de responsabilidad parental elaborado por los instrumentos internacionales y utilizado en el PEFLPR es muy amplio y va mucho más allá de la designación de los poderes y deberes confiados a los padres sobre sus hijos. En primer lugar, incluye no sólo el poder y el deber de cuidar de un hijo en el sentido más amplio, de tomar decisiones y, en caso necesario, de llevarlas a cabo frente a terceros, sino también el derecho a determinar la residencia del hijo y a mantener relaciones personales con él cuando proceda (Art 1(2)(a) Bruselas IIbis; Principio 3:1 PEFLPR). Además, y de acuerdo con este significado ampliado, la responsabilidad parental puede recaer en personas distintas de los padres del niño (por ejemplo, abuelos, padrastros, padres de acogida, instituciones públicas). Las cuestiones jurídicas más importantes y controvertidas que plantea la responsabilidad parental afectan a: (i) la determinación de las condiciones para su atribución y ejercicio, en particular si la paternidad y la maternidad no se establecieron inmediata y simultáneamente en el momento del nacimiento del niño o si los padres no están casados, y también tras la separación o el divorcio de los padres; (ii) la posibilidad y, en su caso, las condiciones para atribuir la responsabilidad parental a personas distintas de los padres legales, así como la posibilidad de dividir las funciones de la responsabilidad parental para permitir su ejercicio parcial por otras personas (por ejemplo, padrastros, parientes, padres de acogida); (iii) la delimitación de su contenido y su coordinación con el reconocimiento de ámbitos en los que los niños pueden disfrutar de cierta libertad para tomar decisiones autónomas con el fin de facilitar su desarrollo personal; (iv) los criterios que deben regir su suspensión y descarga, en caso de que el interés superior del niño así lo exija. Aparte de estas cuestiones, existe también una gran preocupación por la atribución y el ejercicio de ciertas formas de responsabilidad parental.
Este texto se ocupa del reconocimiento de los matrimonios religiosos y consuetudinarios en África. Desde el advenimiento de la democracia en Sudáfrica, se han hecho grandes avances en relación con el reconocimiento de los matrimonios religiosos. Se han realizado enormes esfuerzos legislativos ad hoc para incluir a los cónyuges en los matrimonios religiosos en el ámbito de la legislación específica. Aunque el poder judicial ha sido decepcionante en su tratamiento de las parejas de hecho (véase más detalles), ha proporcionado todo el alivio posible a los cónyuges de los matrimonios religiosos que se vieron afectados negativamente por el no reconocimiento de sus matrimonios, y muy probablemente seguirá haciéndolo sobre una base ad hoc. Este cambio en el enfoque de los matrimonios religiosos con respecto al paradigma racista y exclusivista del régimen del apartheid es un resultado directo de la inyección de valores constitucionales en la política pública y las boni mores de la Sudáfrica posterior al apartheid, que abarca la libertad de religión, la igualdad, la dignidad humana, la diversidad, las pluralidades y la inclusividad. A pesar de los importantes pasos que se han dado para que los cónyuges de los matrimonios religiosos puedan reclamar su dignidad como miembros contribuyentes dentro de las estructuras familiares, todavía se necesita mucho más. El reconocimiento limitado de los matrimonios religiosos que se otorga de manera ad hoc y en circunstancias específicas ha demostrado ser insuficiente. Los cónyuges de matrimonios religiosos sólo podrán operar en igualdad de condiciones con los cónyuges civiles, del mismo sexo y del derecho consuetudinario africano cuando sus uniones también reciban reconocimiento legal. Esto no quiere decir que la solución sea tan sencilla como promulgar una legislación que simplemente otorgue el reconocimiento a los matrimonios religiosos o que garantice la uniformidad entre los diferentes tipos de matrimonios. Este enfoque puede perjudicar aún más a los miembros más marginados de la comunidad. Por el contrario, la legislación que reconoce los matrimonios religiosos debe abordar de forma exhaustiva toda la gama de rasgos característicos de esas uniones, y ser consciente de las necesidades de la comunidad a la que pretende servir, especialmente de los miembros más marginados de la comunidad, incluidas las mujeres. El poder legislativo sudafricano debe continuar con su tarea de legislar y promulgar leyes que confieran pleno reconocimiento legal a los matrimonios religiosos.
El Derecho de familia internacional europeo forma parte del Derecho internacional privado (DIPr) y se refiere a la regulación comunitaria del Derecho de familia. El Derecho de familia sustantivo en la Unión Europea no está unificado, sino que varía según los Estados miembros. En cambio, desde hace algún tiempo, el Derecho internacional privado está cada vez más europeizado. Se han introducido cada vez más normas procesales europeas uniformes y normas de elección de la ley aplicable. Este desarrollo comenzó inicialmente en el derecho de familia con el objetivo de crear un ámbito judicial europeo unificado a nivel procesal, pero entretanto se ha extendido a la creación de normas de elección de ley. El derecho de familia afecta considerablemente a los intereses personales y económicos de los individuos. En consecuencia, el creciente número de relaciones familiares transfronterizas y multinacionales hace necesaria una unificación de las normas de conflicto que afectan al derecho de familia y -aunque esto es objeto de debate- puede llegar a hacer necesaria una unificación del derecho de familia sustantivo en la Unión Europea.