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Este texto se ocupa del Notario Público, como funcionario público investido de fe pública, facultado para autentificar y dar forma legal a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos. La historia del notariado comienza con los notarios imperiales bajo Federico I Barbarroja, los notarios papales bajo Alejandro III y los notarios municipales de Bolonia, Florencia y Verona. El derecho canónico otorgó a los notarios la facultad de producir documentos dotados de fe pública, es decir, documentos con un valor probatorio especial. En el siglo XIII, los documentos italianos adquirieron fuerza legal, pero los notarios aún no eran abogados; en las universidades del norte de Italia, los profesores del ars notaria pertenecían a la Facultad de Bellas Artes. Como parte de la jurisdicción eclesiástica, la profesión notarial se extendió a Francia y, desde allí, a los países al norte de los Alpes. En el sur de Francia se introdujo ya en el siglo XII un sistema notarial similar al de Italia. En el norte de Francia, en cambio, las transacciones legales (acto jurídico) se realizaban inicialmente ante los tribunales; más tarde, los notarios redactaban los documentos pertinentes, pero los jueces los sellaban.