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Derechos Democráticos Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. En inglés: Democratic Rights. Nota: puede interesar la información sobre el Estado Democrático de Derecho Definición de Derechos Democráticos Como definición de derechos democráticos, se hace referencia al conjunto “de los derechos fundamentales … Leer más
Tribunal o Corte Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. En inglés: Áfrican Court Of Human And Peoples’ Rights. Nota: puede ser de mucho interés la información sobre la Carta Africana de Derechos … Leer más
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional Se expresa el mencionado Diccionario, sobre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en voz escrita por J. […]
La Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, declaración general de derechos elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 1789, en los primeros momentos de la Revolución Francesa, para proporcionar un marco previo a la redacción de una Constitución La Asamblea […]
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Generalidades Competencia contenciosa y competencia consultiva de la Corte El artículo 2 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos […]
El sistema europeo para la protección de los derechos humanos, en el ámbito del Consejo de Europa, es el sistema regional más antiguo y el que mayor grado de evolución y de perfección ha alcanzado. Ello viene motivado fundamentalmente por la relativa homogeneidad política de los Estados […]
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Este texto presenta una orientación conceptual de la intersección entre género, política y violencia. Centrándose en la violencia que afecta a los procesos políticos en las democracias y en los Estados en proceso de democratización, la primera parte del artículo introduce el tema repasando el marco conceptual primario y los conocimientos empíricos sobre el tema hasta la fecha y discutiendo la herencia teórica del concepto. Estableciendo una distinción clave entre la violencia motivada por el género y la violencia diferenciada por el género, este artículo analiza las dimensiones de género de la violencia política, así como las dimensiones políticas de la violencia de género. En la última mitad del artículo se repasan algunas de las cuestiones clave que impulsan la investigación y el diálogo en este campo en el siglo XXI.
El crepúsculo de los ídolos se ha pospuesto. Durante más de dos siglos, desde las revoluciones estadounidense y francesa hasta el colapso del comunismo soviético, la vida política de Occidente giró en torno a cuestiones eminentemente políticas. Discutimos sobre la guerra y la revolución, la clase y la justicia social, la raza y la identidad nacional. Hoy hemos progresado hasta el punto en que volvemos a librar las batallas del siglo XVI: sobre la revelación y la razón, la pureza dogmática y la tolerancia, la inspiración y el consentimiento, el deber divino y la decencia común. En ausencia de discurso del odio, el margen de apreciación de los Estados a la hora de limitar la libertad de expresión en materia religiosa se vería considerablemente restringido, si no suprimido totalmente. Ciertamente, los documentos del Consejo de Europa no excluyen que se establezcan medios no penales para limitar las ofensas en materia religiosa: por ejemplo, el citado Informe de la Comisión de Venecia admite la posibilidad de considerar civilmente responsables a los autores de determinadas expresiones antirreligiosas si asumen carácter ofensivo, con la posibilidad de exigir compensación por daños.
Este texto se ocupa de la participación de las organizaciones internacionales en la elaboración del derecho internacional. Se ofrecen ejemplos como Amnistía Internacional y la Sociedad Americana de Derecho Internacional.
La crisis de deuda es la situación en la que un país es incapaz de devolver su deuda pública. Un país puede entrar en una crisis de deuda cuando los ingresos fiscales de su gobierno son inferiores a sus gastos durante un periodo prolongado. La crisis de la deuda soberana que sacudió la zona euro a partir de 2009 fue el mayor desafío al que se han enfrentado hasta ahora los miembros de la UE y, en particular, sus estructuras administrativas. La recesión económica comenzó en Grecia y pronto se extendió para incluir a Portugal, Irlanda, Italia y España (colectivamente, el grupo llegó a ser conocido informalmente como “PIIGS”), amenazando la supervivencia de la moneda única. La crisis de la deuda había revelado peligrosas deficiencias en las medidas reguladoras que regían la economía compartida de la eurozona, sobre todo la falta de un mecanismo de aplicación de las normas fiscales que se esbozaron en el Tratado de Maastricht. Los líderes de la UE intentaron corregir esta situación con un nuevo pacto fiscal, firmado el 2 de marzo de 2012. El tratado obligaba a los signatarios a limitar los déficits públicos al 3% del PIB o enfrentarse a sanciones automáticas. Este texto también examina la naturaleza y la relevancia de las obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de derechos humanos (OEDH) en el ámbito de la deuda soberana.
Este texto se ocupa de las Instituciones de Crédito, sociedades controladas de grupos financieros, que realizan actividades financieras y sobre las cuales la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejerce facultades de supervisión. Las instituciones financieras internacionales (IFI) son instituciones internacionales que proporcionan financiación pública para políticas de desarrollo, proyectos, programas o política macroeconómica. Las instituciones financieras internacionales comprenden bancos multilaterales de desarrollo (BMD) mundiales y regionales como el Grupo del Banco Mundial (GBM), el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En lo que respecta al Grupo del Banco Mundial, esta sección se centra en tres de sus instituciones: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento – ambos denominados colectivamente en lo sucesivo Banco Mundial o BM – y la Corporación Financiera Internacional (CFI). La financiación del desarrollo también incluye las llamadas instituciones financieras de desarrollo (IFD) de los estados desarrollados que trabajan principalmente, pero no exclusivamente, de forma bilateral, en las que un estado es el accionista único o mayoritario. Además, las instituciones de política macroeconómica, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), se consideran incluidas en el paraguas.
Este texto se ocupa de las obligaciones y responsabilidad extraterritorial en materia de derechos humanos, en el marco del derecho internacional. Las obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos (OEDH) plantean importantes desafíos en el marco actual del derecho internacional (DI) en cuanto a cómo debe atribuirse y asignarse la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos, en particular en los casos en que las obligaciones violadas son compartidas por diferentes tipos de actores. La responsabilidad de los Estados extraterritoriales por violaciones de los derechos humanos puede adoptar tres formas, como se señala en el texto. Los escenarios requieren la consideración de la responsabilidad compartida, en primer lugar mediante la atribución de responsabilidad a múltiples titulares de deberes y, en consecuencia, la asignación de responsabilidad entre estos titulares de deberes. Los parámetros de la responsabilidad compartida, especialmente en situaciones de responsabilidad múltiple en las que intervienen no sólo Estados sino también organizaciones internacionales y agentes no estatales, siguen siendo controvertidos. Aquí se hace balance en primer lugar del derecho de la responsabilidad en el contexto de las obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, en particular en relación con la responsabilidad de los Estados, la responsabilidad de las organizaciones internacionales y la responsabilidad compartida. A continuación, ofrece una crítica de las construcciones jurídicas existentes de la responsabilidad en relación con las obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, identificando las lagunas. Por último, se ofrece conceptualizaciones sociológicas y políticas alternativas de la responsabilidad compartida. Un marco de gobernanza policéntrico para la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos implica el uso de los mecanismos jurídicos de responsabilidad existentes, como los tribunales nacionales basados en el derecho civil y penal, los tribunales internacionales y regionales que aplican el derecho internacional o las normas de derechos humanos, así como los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos.
Este texto se ocupa de la historia de las obligaciones extraterritoriales. Aunque los derechos humanos se declaran universales, la responsabilidad de protegerlos ha estado limitada durante mucho tiempo por consideraciones territoriales. Así, mientras que un Estado tiene obligaciones en materia de derechos humanos para con sus propios ciudadanos, sigue siendo controvertido si tiene obligaciones para con los que viven en otros países. Una razón para ello es el principio del derecho internacional de que un Estado no puede violar la soberanía de otro Estado. Una segunda razón es que muchos tratados internacionales de derechos humanos contienen un lenguaje que reifica los límites territoriales. Pero incluso los tratados que no hacen referencia al “territorio” han sido interpretados a menudo de forma territorial, especialmente por los propios Estados. Nada más empezar el siglo XXI, los académicos empezaron a cuestionar la primacía del territorio, principalmente porque a menudo conducía a situaciones en las que los derechos humanos no estaban protegidos. También había cierta ironía en el hecho de que tantos Estados que defendían los principios de los derechos humanos en casa estuvieran tan dispuestos a abandonar, o al menos a hacer la vista gorda, a esos mismos principios cuando actuaban fuera de sus fronteras nacionales.
Libertad religiosa, prolongación de la libertad de pensamiento y de opinión, supone el derecho de toda persona a profesar el culto religioso que desee, sin ser perseguido o molestado por mantener tales convicciones. La libertad religiosa implica también que nadie pueda ser obligado a declarar sobre su religión o creencias, ni ser discriminado por razón de las mismas. Algunas constituciones llevan hasta sus últimas consecuencias los postulados de la libertad religiosa, declarando que ninguna confesión tendrá carácter estatal institucional.