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Tecnología Digital en la Justicia Penal

Fondo

Este texto hace una recapitulación de la bibliografía sobre el impacto de los medios de comunicación tradicionales en la justicia penal, en particular la forma en que los periodistas de los “viejos medios”, las fuentes, la policía y otros profesionales de la justicia penal generan y comunican conocimientos sobre la delincuencia y su control. También se analiza cómo las tecnologías de Internet han cambiado la forma en que se generan y comunican los conocimientos sobre justicia penal. Se proporcionan ejemplos de cómo han utilizado Internet organizaciones como la policía, los tribunales y la comunidad política de la justicia penal: organismos gubernamentales, grupos de ciudadanos y otras partes interesadas. También se examina cómo Internet ha transformado los medios de comunicación de masas y el conocimiento público, y se explora cómo Internet puede haber influido en las actitudes públicas hacia la delincuencia y el castigo y su potencial como espacio deliberativo para engendrar juicios públicos informados y duraderos sobre cuestiones de ley y orden.

Agentes Judiciales

Agentes Judiciales en el Derecho Español Agentes Judiciales a finales del Siglo XX En el Diccionario Jurídico Espasa, Agentes Judiciales se define como: Agentes judiciales o de la Administración de Justicia Según el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento […]

Crimen Organizado en Asia

comercio internacional

Crimen Organizado: una Introducción Traducción de crimen organizado en inglés: Organized Crime.El problema del crimen organizado ha captado la atención de la investigación académica, la legislación federal, la cultura popular y la imaginación del público durante décadas. La definición, la […]

Privilegios de los Jueces

Edificios públicos, bibliotecas,

Si los jueces constitucionales están sujetos a la misma incertidumbre que los demás ciudadanos, ¿qué les autoriza a decidir cuestiones de principio? ¿Por qué deberían ser más capaces de identificar las respuestas correctas? El privilegio judicial es una oscura doctrina del derecho probatorio que promueve la confidencialidad de las comunicaciones judiciales. En Estados Unidos, los tribunales han invocado el privilegio para proteger las comunicaciones entre los jueces y sus secretarios judiciales y para proteger el fondo de las deliberaciones judiciales. Los comentaristas han sugerido que el privilegio es innecesario e injustificable en un gobierno democrático. Los tribunales han reconocido la legitimidad del privilegio judicial, basándose en la tradición y en la doctrina de la separación de poderes como autoridad para el privilegio. Los tribunales, sin embargo, no han explicado adecuadamente el propósito o el alcance del privilegio y no han demostrado que una autoridad expresa subyace a la doctrina. A pesar de la falta de autoridad expresa, existen fundamentos tanto históricos como constitucionales que apoyan firmemente la doctrina del privilegio judicial.

Competencia de los Tribunales Domésticos

Edificios públicos, bibliotecas,

Las competencias de los tribunales para prescribir medidas y ejecutar decisiones también están delimitadas por el derecho internacional público. Aunque el Derecho de la Unión regula ampliamente la competencia judicial a efectos del Derecho internacional privado, por ejemplo, mediante el Reglamento Bruselas I, el Reglamento Bruselas II bis o el Reglamento sobre alimentos (Reg 44/2001, Reg 2201/ 2003 y Reg 4/2009; competencia judicial (PIL)), el Derecho de la Unión distingue estrictamente entre la competencia judicial según el Derecho internacional privado y el Derecho internacional público; se considera que los principios de Derecho internacional público sobre competencia judicial tienen prioridad sobre las normas jurisdiccionales del Derecho internacional privado. En cuanto a la competencia de los tribunales nacionales para prescribir, la opinión predominante entiende la inmunidad del Estado no como una restricción absoluta sino relativa.

Acceso a la Justicia

camino, naturaleza y ambiente

El acceso a la justicia es un propósito esencial del gobierno. Pero también es necesario permitir que el gobierno logre una amplia gama de objetivos relacionados con la provisión de las necesidades básicas de la vida y un país tranquilo, saludable, próspero y seguro.

Notario Público

libros

Este texto se ocupa del Notario Público, como funcionario público investido de fe pública, facultado para autentificar y dar forma legal a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos. La historia del notariado comienza con los notarios imperiales bajo Federico I Barbarroja, los notarios papales bajo Alejandro III y los notarios municipales de Bolonia, Florencia y Verona. El derecho canónico otorgó a los notarios la facultad de producir documentos dotados de fe pública, es decir, documentos con un valor probatorio especial. En el siglo XIII, los documentos italianos adquirieron fuerza legal, pero los notarios aún no eran abogados; en las universidades del norte de Italia, los profesores del ars notaria pertenecían a la Facultad de Bellas Artes. Como parte de la jurisdicción eclesiástica, la profesión notarial se extendió a Francia y, desde allí, a los países al norte de los Alpes. En el sur de Francia se introdujo ya en el siglo XII un sistema notarial similar al de Italia. En el norte de Francia, en cambio, las transacciones legales (acto jurídico) se realizaban inicialmente ante los tribunales; más tarde, los notarios redactaban los documentos pertinentes, pero los jueces los sellaban.

Jurisdicción Internacional

Occidente

Se hace aquí referencia a algunos tribunales permanentes o con temporalidad amplia, que poseen gran relevancia y revisten especial interés para los estudiosos de la jurisdicción internacional. Un tema central en la revisión de la jurisdicción internacional es el concerniente al valor de las decisiones —resoluciones, criterios, jurisprudencia— de los órganos abarcados bajo aquel concepto. Evidentemente, las resoluciones emitidas en procedimientos contenciosos, a los que los Estados contendientes —entre sí o con particulares— se han sometido en forma general o especial, poseen fuerza inter partes, como la tiene, característicamente, una sentencia dictada por un tribunal competente. Esto no implica, sin embargo, que la jurisprudencia de un tribunal internacional o supranacional carezca de eficacia erga omnes, cuando interpreta oficialmente —con facultades convencionales para hacerlo— las disposiciones de un instrumento internacional que se ha integrado en la normativa interna a título de ordenamiento nacional de fuente internacional.

Estatuto de los Jueces

Libros y obras de referencia, incluyendo definiciones

El Estatuto de los Jueces en el Derecho Constitucional Rumano Artículo 125 [el Estatuto de los Jueces] de la Constitución Rumana En la Constitución vigente de Rumanía, el Artículo 125 [El estatuto de los jueces], ubicado en el Título III [las Autoridades Públicas], Capítulo vi [la Autoridad […]

Profesión Jurídica

Este texto se ocupa de la profesión jurídica Derecho, en el marco de la organización de la justicia. Durante la recepción del derecho romano no sólo surgió la profesión de procurador, sino también el cargo de abogado, un asesor extrajudicial para aquellas partes que no comparecían ante el tribunal. Esta división binaria fue codificada en el Sacro Imperio Romano Germánico por la Reichskammergerichtsordnung de 1495. En virtud de esta ley, los procuradores -que también podían asesorar extrajudicialmente a las partes- ocupaban una posición de precedencia sobre la de los abogados. A partir de finales del siglo XVI, la división binaria entre abogados y procuradores se relajó en la Europa continental y fue suprimida aún más por la reforma legal de la época napoleónica. En el transcurso del siglo XIX, comenzó a aparecer una única profesión jurídica en la Europa continental. En otras tradiciones jurídicas europeas, la división de la profesión en procuradores y abogados siguió (y sigue) existiendo con diversos grados de rigidez.

Tecnologías de la Información y la Comunicación

modernización, cripto

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se definen y analizan aquí, como, entre otras cosas, las tecnologías que permiten el registro, almacenamiento, bœsqueda, procesamiento, transmisión y difusión de datos. El derecho de las TIC, cuyo ámbito de aplicación no está estrictamente definido, se superpone y abarca en gran medida el derecho informático, el derecho de las telecomunicaciones, el derecho de Internet, el derecho del comercio electrónico o incluso el “derecho digital”. Esta última expresión parece destinada a sustituir a las anteriores: con la convergencia de las tecnologías, estos diferentes temas se fusionan cada vez más. El derecho de las TIC es, por tanto, una materia transversal que es objeto de titulaciones universitarias especializadas (máster en derecho digital, máster en derecho multimedia, etc.) en las facultades de Derecho. Las principales ramas del derecho a las que se refieren estos cursos universitarios son el derecho de la propiedad intelectual (la propiedad literaria y artística, en particular los derechos de autor, y los derechos de propiedad industrial en sentido amplio, incluidos los signos distintivos y los nombres de dominio), el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho laboral, pero también el derecho europeo, el derecho internacional privado, el derecho del consumidor, el derecho de la salud electrónica, el derecho fiscal y el derecho de la distribución.

Unión Europea

actividad económica, bancos y dinero

La Unión Europea (UE) fue fundada por el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 (Tratado UE), que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. En la actualidad cuenta con 26 Estados miembros (los códigos oficiales de la UE se indican a continuación entre paréntesis): Alemania (DE), Austria (AT), Bélgica (BE), Bulgaria (BG), Chipre (CY), Dinamarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Hungría (HU), Irlanda (IE), Italia (IT), República Checa (CZ), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Eslovaquia (SK), Eslovenia (SI), España (ES), y Suecia (SE). El Reino Unido (UK) dejó la organización (véase Brexit en esta plataforma digital).

Obligaciones Internacionales de los Estados

Mundo, internacional y geografía

Para algunos tratados, el acto de ratificación hace que el tratado y todas sus obligaciones entren en vigor. Otros tratados pueden exigir a los países que introduzcan cambios en su legislación nacional que les dirijan o les permitan cumplir las obligaciones del tratado. Aquí se debatirá el contenido de las obligaciones, incluida la importancia de la asistencia y la cooperación internacionales, y cómo la clasificación tripartita de las obligaciones de respetar, proteger y cumplir puede ayudar a nuestra comprensión. La cooperación internacional para el desarrollo, y por tanto para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, es una obligación de todos los Estados.

Crimen Organizado

dos

El problema del crimen organizado ha captado la atención de la investigación académica, la legislación federal, la cultura popular y la imaginación del público durante décadas.

Vivienda

Geografía social

Es el vocablo utilizado en la materia jurídica del trabajo para denotar la casa o morada que un patrón debe proporcionar a sus trabajadores, de acuerdo con las modalidades establecidas (en el caso de México, España y otros países) en la Constitución, en disposiciones reglamentarias, en los contratos colectivos o en instrumentos que derivan de acuerdos paritarios. La obligación patronal de facilitar la adquisición o permitir el uso de viviendas decorosas para los obreros encuentra su arranque y criterio inicial, a nivel comunitario, en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1921, aunque circunscrita a los trabajadores agrícolas. Cuarenta años más tarde la Recomendación 115 fijaba en Ginebra directrices de mayores alcances. En esta plataforma, los conceptos y temas relacionados con vivienda incluyen los siguientes: Personas internamente desplazadas, Deforestación, Estímulo económico, Hipotecas, Contratos, Planificación urbana, Zonificación.

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