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La potestad reglamentaria es una potestad que corresponde a determinadas autoridades administrativas y que consiste en promulgar disposiciones de aplicación general en virtud de la competencia atribuida a su función. La potestad reglamentaria se define como la facultad de las autoridades ejecutivas y administrativas de dictar unilateralmente (es decir, sin el consentimiento de los destinatarios) actos ejecutivos que contengan disposiciones generales e impersonales. La potestad reglamentaria del Gobierno ha existido siempre, pero, por ejemplo, en Francia, la Constitución de 1958 introdujo un trastorno jurídico a priori considerable al convertirla en la actividad normativa central del Derecho común. Antes de 1958, la teoría de la potestad reglamentaria se basaba principalmente en consideraciones prácticas, como se explica en este texto. La Quinta República marca un cambio importante en este ámbito, ya que a diferencia de los regímenes que la precedieron, los reglamentos ya no son simples textos de aplicación de las leyes.