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Visualización Jerárquica de Trabajador desplazado Trabajo y Empleo > Mercado laboral > Mano de obra
Trabajo y Empleo > Mercado laboral > Mano de obra > Trabajador expatriado Trabajador desplazado Concepto de Trabajador desplazado Véase la definición de Trabajador desplazado en el […]
La directiva define un viaje combinado como una combinación preestablecida de al menos dos de los siguientes elementos: transporte, alojamiento u otros servicios turísticos. Estos últimos no pueden ser accesorios de las dos primeras categorías, sino que deben representar una proporción significativa del paquete. Otro requisito es que el servicio, que debe abarcar un periodo de más de 24 horas o incluir el alojamiento durante una noche, se venda o se ponga a la venta a un precio global. En el artículo 6, apartado 4, letra b), Roma I, el legislador comunitario ha establecido claramente que el término “viaje combinado” debe determinarse a la luz de la directiva. Incluso si el viaje combinado se reservó en el Estado de residencia del consumidor, pero el operador realiza después todos los “servicios” en un país diferente, el art. 6(4)(a) Roma I no es aplicable.
Este texto se ocupa de la Ayuda Social en Derecho Social y en el económico. De hecho, algunso economistas se preguntaban para qué mantener los SMI, los convenios colectivos y todo lo que conllevan, ya que una renta social garantizada pagada a todos eliminaría el riesgo de que alguien percibiera menos del mínimo de subsistencia. Así pues, el mercado se analiza aquí como el mejor regulador económico posible, al que hay que dejar funcionar sin trabas, añadiendo en todos los casos la renta social garantizada a las rentas del trabajo y a las rentas del capital, de modo que aquellos a los que el mercado excluiría, o a los que la remuneración propuesta les parecería demasiado baja, puedan sin embargo vivir. De ahí el éxito de la renta social garantizada entre los economistas liberales (Milton Friedman en particular), que la ven como una forma de liberalizar el mercado laboral sin empobrecer a los que se encuentran en la parte inferior de la escala de ingresos.
Este texto se ocupa de la sección sindical de empresa, como agrupación de los trabajadores afiliados a un mismo sindicato dentro de una misma empresa. Una “sección sindical” es una agrupación de trabajadores que, a iniciativa de un sindicato representativo, recibe de éste, dentro de una misma empresa o establecimiento, el encargo de defender los intereses morales o materiales, colectivos o individuales, de sus miembros. En principio, en varios países, la sección sindical no tiene personalidad jurídica; no puede emprender ninguna acción legal. Cualquier acción debe ser presentada por el sindicato. Las disposiciones legales autorizan la designación por parte de una organización sindical de un solo representante de la sección sindical, independientemente del tamaño de la empresa o del establecimiento. No obstante, si un sindicato no tiene reconocida la representatividad en un centro de trabajo, puede no obstante designar a un representante de la sección sindical.
Seguro que tiene por finalidad indemnizar al asegurado por los gastos derivados de haber incurrido en responsabilidad civil frente a terceros. Se examina lo siguiente: Objeto y finalidad del seguro de responsabilidad, la evolución jurídica, las características esenciales del seguro de responsabilidad civil y los intentos del Derecho uniforme en este ámbito.
Este texto se ocupa de la “Seguridad Social en el Derecho del Trabajo”. Una parte considerable se dedica a la expresión y contenido de los “procedimientos de seguridad social”, que es más bien un resumen que una definición, se refiere a las formas y reglas de procedimiento específicas que, contempladas por la legislación procesal (por ejemplo, en Italia, el Código de Procedimiento Judicial), así como por leyes especiales, contribuyen de manera diversa a diversificar la tramitación de los litigios de seguridad social y bienestar en los tribunales.
La protección mediante la información ofrece grandes ventajas. Su principio rector es que la posición del consumidor es inferior a la del comerciante debido a un menor nivel de información por parte del consumidor. La equidad contractual se restablece reduciendo las diferencias de poder entre las partes contractuales mediante la información al consumidor. Las partes, ahora igual de fuertes (o, al menos, similares), se encuentran así en posición de negociar un contrato justo. Esta protección mediante la información no plantea el riesgo de restringir en gran medida la libertad contractual de las partes. La negociación del contrato se deja enteramente en sus manos y prevalece la autonomía privada. Desgraciadamente, hay que sopesar serias desventajas frente a estas ventajas. En particular, se reconoce generalmente que la recepción y el tratamiento de la información por parte del consumidor son limitados. Por un lado, los consumidores especialmente vulnerables (los que tienen un bajo nivel educativo, los muy mayores, los muy jóvenes, etc.) no están en condiciones de obtener un gran apoyo a través de una mejor información. Sin embargo, incluso aquellos consumidores que son receptivos a la información no siempre se ven reforzados por los deberes de información hasta el punto de ser capaces de negociar un contrato justo con el comerciante.
Este texto se ocupa de la política social en las economías abiertas. Tanto la teoría como las pruebas disponibles hasta la fecha sugieren que el vaso está más bien medio lleno que medio vacío: las políticas sociales eficaces siguen vivas en las economías abiertas, y los efectos positivos de las restricciones a la capacidad de los gobiernos para proporcionar políticas sociales superan los efectos negativos. Aunque varias fuerzas fomentan la armonización descendente, otras fuerzas, a menudo asociadas con la globalización y las economías abiertas, fomentan la armonización ascendente de las políticas. Las economías abiertas también pueden fomentar la armonización ascendente de las políticas sociales mediante el uso de cláusulas sociales y acuerdos paralelos en los acuerdos comerciales.
La Cámara de Comercio Internacional fue establecida en 1919 como una organización no gubernamental. Sus principales objetivos son facilitar el comercio internacional y el comercio, atender a las necesidades de la comunidad empresarial internacional. En marzo de 2020, la CCI y la Organización Mundial de la Salud anunciaron un llamamiento a la acción para movilizar a las empresas de todo el mundo con el fin de prevenir una mayor propagación y combatir las secuelas de la pandemia de COVID-19, incluso mediante la facilitación de los flujos de información. En marzo de 2020, la CCI lanzó una Iniciativa de Normas para el Comercio Digital, destinada a estandarizar el comercio digital y a establecer la interoperabilidad técnica entre las plataformas tecnológicas y las redes basadas en blockchain.
Este texto se ocupa de la restricción de la competencia, incluyendo aspectos sobre el precio discriminatorio. Pero en especial, se centra en la protección de la competencia en el Derecho de la Unión Europea, las restricciones de la competencia aplicadas por los Estados y los principios rectores de la política europea de competencia.
Es el documento o póliza expedido por la Compañía de Seguros con la que se contrate alguna clase de seguro, en el que se establecen las normas que han de regular la relación entre el asegurado y la Compañía, especificando en el mismo, los derechos y obligaciones respectivos. Los contratos de seguros pertenecen al género de contratos que sufren especialmente asimetrías de información: el tomador del seguro suele saber más sobre el riesgo asegurado que el asegurador. Sabe si existen circunstancias que aumentan o reducen el riesgo asegurado y sabe cómo se ha producido el evento asegurado.
La protección mediante la información ofrece grandes ventajas. Su principio rector es que la posición del consumidor es inferior a la del comerciante debido a un menor nivel de información por parte del consumidor. La equidad contractual se restablece reduciendo las diferencias de poder entre las partes contractuales mediante la información al consumidor. El 18 de octubre de 1991 se adoptó la llamada Directiva sobre la información de los trabajadores. Al igual que las leyes nacionales que sirvieron de catalizador para la adopción de la directiva, su objetivo es proporcionar al trabajador información sobre sus derechos. Al igual que el tomador del seguro, el asegurador tiene deberes de información antes de la celebración del contrato y durante la vigencia del riesgo. En el caso de los seguros de enfermedad, se añade información sobre la evolución y la estructura de las primas. Si la información facilitada antes de la celebración del contrato cambia después de la celebración del contrato, el asegurador debe informar.
Fuera del sector sindicalizado, el “contrato” entre la empresa y el empleado tiende a ser no escrito, implícito y, por lo tanto, en su mayor parte inaplicable en los tribunales de justicia. La tarea principal del científico social es explicar por qué la forma implícita e incompleta de contrato es la forma abrumadoramente dominante, mientras que la tarea secundaria (pero más difícil) es explicar las consecuencias del predominio de los contratos laborales implícitos sobre los explícitos. En cierto sentido, la explicación de por qué los contratos laborales tienden a ser implícitos parece obvia: si se hacen explícitos, generalmente sólo son exigibles al Empleador, siendo los empleados libres de abandonar el contrato de trabajo a voluntad. Esta falta de simetría distingue notablemente el contrato laboral explícito del contrato mercantil, por lo que los Empleadores parecerían no tener ningún incentivo para ofrecer contratos explícitos. Sin embargo, esta explicación no es del todo satisfactoria, ya que, incluso en virtud de las convenciones legales existentes, los Empleadores bien podrían tener un incentivo para ofrecer contratos explícitos aunque dichos contratos no vinculen a los trabajadores. Mientras que la remuneración por rendimiento evolucionó como una mitigación parcial de las consecuencias de la incapacidad de especificar completamente los contratos laborales, la remuneración basada en incentivos recompensaría el esfuerzo más que el rendimiento, pero el esfuerzo no puede medirse directamente. En la medida en que la preocupación por la reputación afecte a la división de los costes específicos de formación entre el Empleador y el empleado, tenderá a exigir que el empleado asuma el coste, muy probablemente en forma de un salario inferior al del mercado durante el periodo de formación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las consideraciones de reputación afectan, no sólo al pago de la formación específica, sino a toda la estructura de los contratos laborales implícitos.
Es el vocablo utilizado en la materia jurídica del trabajo para denotar la casa o morada que un patrón debe proporcionar a sus trabajadores, de acuerdo con las modalidades establecidas (en el caso de México, España y otros países) en la Constitución, en disposiciones reglamentarias, en los contratos colectivos o en instrumentos que derivan de acuerdos paritarios. La obligación patronal de facilitar la adquisición o permitir el uso de viviendas decorosas para los obreros encuentra su arranque y criterio inicial, a nivel comunitario, en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1921, aunque circunscrita a los trabajadores agrícolas. Cuarenta años más tarde la Recomendación 115 fijaba en Ginebra directrices de mayores alcances. En esta plataforma, los conceptos y temas relacionados con vivienda incluyen los siguientes: Personas internamente desplazadas, Deforestación, Estímulo económico, Hipotecas, Contratos, Planificación urbana, Zonificación.
Mercado Monetario Internacional en el Ámbito Económico-Empresarial En el Contexto de: Mercados Véase una definición de mercado monetario internacional en el diccionario y también más información relativa a mercado monetario internacional. [rtbs name=”mercados”]