Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Ciudadano en el Derecho Constitucional Concepto de Ciudadano publicado por Víctor Manuel Alfaro Jimenez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Natural de una ciudad. Vecino, habitante de la misma. Quien disfruta de los derechos de ciudadanía. El residente en alguna ciudad o […]
Visualización Jerárquica de Ciudadano de la UE Derecho > Derecho internacional > Derecho internacional privado > Ciudadano
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Visualización Jerárquica de Europa de los ciudadanos Unión Europea > Construcción europea > Profundización de la Unión Europea
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Las primeras formas de marcas de producción se remontan a la antigüedad y se utilizaban sobre todo para indicar la propiedad, pero al parecer también para identificar la procedencia o el fabricante de los productos. En la Edad Media se desarrollaron las marcas gremiales, que permitían controlar el cumplimiento de las normas de producción impuestas por el gremio, y otras marcas que servían a efectos de identificación para la recaudación de impuestos. La primera prueba de una protección de derecho privado similar a la función moderna de las marcas, que garantizaba al consumidor la identidad del origen del producto de marca y era exigible en una acción entre particulares, se encuentra en el derecho moderno temprano (en un caso de 1584). El auge del comercio suprarregional, el desarrollo de grandes mercados de consumo y el aumento de la actividad publicitaria durante el siglo XIX crearon la necesidad de un derecho de marcas moderno que permitiera a los particulares hacer valer sus marcas como identificaciones de productos para garantizar la identidad de origen de sus mercancías, necesidad que fue satisfecha por la legislación de la época.
En Roma, los jurisconsultos tenían una posición social y política considerable, debido sobre todo a su gran influencia en el desarrollo del Derecho. Es bien sabido que las Doce Tablas contenían un conjunto de normas, adecuadas para un pueblo agrario de condición social modesta. Cuando Roma se convirtió en uno de los centros de mayor civilización, esas leyes, sin dejar de ser la base del derecho público y privado, evolucionaron en armonía con las nuevas necesidades y tuvieron que adaptarse a las relaciones comerciales más variadas y complejas y a las relaciones jurídicas más delicadas. Esta evolución se debió en gran medida a los jurisconsultos. Al principio, sólo contribuyeron a ella en virtud de su autoridad. Su oficio consistía en respondere, agere y cavere. El respondere consistía en dar respuesta a los particulares a las preguntas que éstos sometían al jurisconsulto; el agere consistía en sugerir los principios del derecho y las decisiones de los litigios a los abogados de las partes y asistirles personalmente durante la defensa. Por ello se la denominaba ciencia de las formalidades. Se ofrece las biografías de los juristas republicanos (509 a.C.-27 a.C.) y de los imperiales.
Esta entrada se ocupa de la Economía. Rama de las ciencias sociales que trata de la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios.Su objeto parte de que los medios puestos a disposición de los individuos son escasos y las necesidades abundantes. Los sistemas económicos difieren notablemente; el capitalismo se ha convertido en el sistema más dinámico y ampliamente adoptado en el mundo contemporáneo. También se examina sus sentidos y clasificación, sus antecedentes históricos, su objeto y sus definiciones.
Este texto se ocupa de la tendencia política, en el marco de la Vida Política, la Organización de los partidos y la Afiliación política. Abarca (a) la motivación, a menudo analizada como una combinación de necesidades y valores (la teoría push-pull); (b) las cogniciones, percepciones y modos habituales de aprendizaje; y (c) las tendencias conductuales, es decir, la puesta en práctica de las necesidades y otros aspectos del comportamiento manifiesto. Cada uno de estos aspectos tiene implicaciones políticas evidentes: (a) las personas que están motivadas por necesidades de poder pueden emplear la influencia política para satisfacer estas necesidades en lugar de (o en el curso de) la búsqueda de algún objetivo político explícito; (b) cognitivamente, las personas que manejan la información en defensa de su partidismo, en lugar de como un instrumento de aprendizaje más amplio, se vuelven dogmáticas y obstruyen la adaptación social a nuevas situaciones; (c) desde el punto de vista del comportamiento, la vida política se ve vitalmente afectada por las tendencias de los líderes a exteriorizar sus conflictos psíquicos, proyectándolos sobre otras personas y situaciones o, alternativamente, a retirarse a la inacción cuando se ven amenazados o, de nuevo, a hacer demandas públicas para apaciguar su sensación de inutilidad.
La autonomía financiera expresa la libertad de imponer impuestos locales, recaudar ingresos y asignar recursos financieros sin interferencias externas. En general, autonomía es el control o gobierno de un país, organización o grupo por sí mismo y no por otros. La independencia financiera es un estado en el que un individuo u hogar ha acumulado suficientes recursos financieros para cubrir sus gastos de vida sin recurrir a préstamos.
Una estrategia común es un plan detallado y acordado, entre varios actores políticos (normalmente países y organizaciones, pero también personas físicas y jurídicas) para alcanzar el éxito (en principio, en interés común) en situaciones como la guerra, la política, los negocios, la industria o el deporte, o la habilidad de planificar para tales situaciones. Un ejemplo: Dada la importancia estratégica de la región mediterránea para la UE y los retos a los que se enfrenta, la UE considera que necesita trabajar en asociación con una visión de futuro compartida y con respeto mutuo. En este contexto, asociación significa apoyar activamente a ambas partes en el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad, el aumento de la prosperidad, la erradicación de la pobreza, la promoción y defensa de los valores fundamentales, el fomento de la tolerancia cultural y religiosa y el desarrollo de la cooperación con la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG).
En Derecho público y Derecho internacional público, la soberanía es el poder supremo y autodeterminante del Estado (suprema potestas). Se manifiesta internamente en el ejercicio de la autoridad política (legislativa, administrativa, judicial); externamente, sustenta la reivindicación de independencia (derecho a llevar a cabo una política exterior independiente, protección contra la intervención) y de igualdad de trato en virtud del Derecho internacional. Desde mediados del siglo XX, la soberanía ya no se considera un absoluto: sigue rodeada de una red de normas y acuerdos internacionales. Los Estados no son igualmente soberanos en todos los ámbitos. La Ilustración trajo consigo un nuevo concepto de soberanía interna (que ya se perfilaba a principios del siglo XVIII en el tratado de Chrysostomos Stadler), encarnada ya no en el monarca y la aristocracia, sino en el pueblo y el Estado. La soberanía popular exclusiva fue defendida en particular por Rousseau. Durante la fase radical de la Revolución Francesa, se incorporó directamente a la Constitución. Francia se convirtió en una república y la Constitución de 1793 hizo al pueblo heredero de la soberanía que seguía vinculada a la persona real en virtud de la monarquía constitucional de 1791.
Este texto se ocupa de la política social en las empresas. A partir de la primera mitad del siglo XIX, el concepto de política social de empresa se refería a una amplia gama de medidas y prestaciones destinadas a paliar los problemas sociales causados por la industrialización y a proporcionar a las “clases trabajadoras” un nivel mínimo de seguridad social. Se trataba de esfuerzos voluntarios de las empresas privadas para mejorar el bienestar y la seguridad social de sus empleados. Estas medidas se diferencian de las prestaciones estatutarias y contractuales en que no se basan en el derecho. Los primeros desarrollos de la política social de las empresas deben considerarse en un contexto más general, en el que la educación del pueblo estaba motivada por consideraciones morales. Las élites preocupadas por ofrecer a “sus” trabajadores los beneficios de una política social a menudo también participaban activamente en organizaciones filantrópicas, que también pretendía resolver la cuestión social educando a las “clases trabajadoras” hacia un modo de vida racional. Ignoradas durante mucho tiempo en los registros estadísticos, las instituciones de la política social de las empresas siguen estando registradas sólo parcialmente a principios del siglo XXI, y su definición ha seguido siendo elástica.
como parte de los derechos fundamentales constitucionales y los derechos colectivos. Se examina: En tiempos de los gremios y la protoindustria, evolución del derecho, en el siglo XIX, evolución en el siglo XX.
El término transparencia —proveniente del latín trans-, a través, y parens -entis, que aparece— hace alusión a la cualidad de transparente, adjetivo este último, que dicho de un cuerpo, significa a través del cual pueden verse los objetos claramente. La transparencia desempeña un papel decisivo en las economías de mercado, pero no se aplica como regla o principio invariable. Sin una transparencia mínima de la calidad y los precios, la parte contraria del mercado no podría comparar las ofertas y elegir sabiamente. Ni siquiera existiría la posibilidad de que el mecanismo contractual produjera resultados iguales; la libertad contractual y la autonomía privada no serían posibles de forma razonable. Por lo tanto, la transparencia es una condición previa para que los participantes en el mercado tomen decisiones con conocimiento de causa, para la formación de los precios de mercado y, en última instancia, para una competencia viable. Sin embargo, no está esto exento de problemas, como se señala aquí.
La “ciudadanía de la Unión Europeo” como derecho fundamental de los ciudadanos de la UE económicamente inactivos
Una cierta generalización y extensión siguió al acervo comunitario en lo que respecta al establecimiento de una ciudadanía de la Unión Europea en el Art 8 CE (1992) en su versión de Maastricht. En su versión original rezaba: “Se establece la ciudadanía de la Unión Europea. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión Europea será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional”. El artículo 20 del TFUE/17 CE en la versión de Ámsterdam añadió el apartado 2 que reza: “Los ciudadanos de la Unión Europeaserán titulares de los derechos conferidos por el presente Tratado y estarán sujetos a los deberes que éste impone”. El artículo 20 TFUE/17 CE revisado (DO C 290 de 30 de noviembre de 2009) establece: “La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional y no la sustituye”.