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En la República Dominicana Base De Datos De La Seguridad Social Es una base de datos única desde el punto de vista de la norma y descentralizada desde el punto de vista operativo, en la cual se integra la información confidencial obtenida por la TSS con el propósito de disponer y organizar los […]
Visualización Jerárquica de Armonización de la seguridad social Asuntos Sociales > Protección social > Seguridad social
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Visualización Jerárquica de Asociación Internacional de la Seguridad Social Organizaciónes Internacionales > Organizaciónes no gubernamentales > Organización no gubernamental
Asuntos Sociales > Protección social > Seguridad social Concepto de Asociación Internacional de la Seguridad Social […]
La política comercial estadounidense es fruto del compromiso, e incluso del enfrentamiento, entre el Congreso y el Presidente, y ha sufrido numerosos giros de 180 grados. En comparación, las opciones de la UE parecen más estables en el tiempo, pero también más ambiguas. China, nueva potencia económica, pone su política comercial al servicio de su objetivo de crecimiento. Se supone que las normas del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y luego de la OMC proporcionan un marco para estas prácticas nacionales, a menudo dispares. El Estado puede pagar una subvención a determinadas empresas nacionales, lo que tiene como efecto reducir sus costes y aumentar el volumen producido. Este tipo de subvención forma parte de la política comercial si las empresas subvencionadas producen bienes que compiten con los bienes importados o exportan parte de su producción.
La progresiva internacionalización de los mercados afecta también al mercado laboral. Por ello, muchos contratos individuales de trabajo tienen elementos transfronterizos. Empleadores, por ejemplo, contratan a sus trabajadores en el extranjero; otros destinan a empleados a trabajar en países extranjeros. Cada ordenamiento jurídico necesita, por tanto, normas para determinar qué legislación laboral sustantiva debe aplicarse a una relación laboral internacional. La respuesta a esta pregunta la dan las normas de derecho laboral internacional privado (conflicto de leyes laborales). Este campo del derecho está -al igual que las normas de derecho sustantivo (derecho laboral europeo)- cada vez más sujeto a las influencias de más allá de las fronteras nacionales.
Este texto se ocupa de la política social en las empresas. A partir de la primera mitad del siglo XIX, el concepto de política social de empresa se refería a una amplia gama de medidas y prestaciones destinadas a paliar los problemas sociales causados por la industrialización y a proporcionar a las “clases trabajadoras” un nivel mínimo de seguridad social. Se trataba de esfuerzos voluntarios de las empresas privadas para mejorar el bienestar y la seguridad social de sus empleados. Estas medidas se diferencian de las prestaciones estatutarias y contractuales en que no se basan en el derecho. Los primeros desarrollos de la política social de las empresas deben considerarse en un contexto más general, en el que la educación del pueblo estaba motivada por consideraciones morales. Las élites preocupadas por ofrecer a “sus” trabajadores los beneficios de una política social a menudo también participaban activamente en organizaciones filantrópicas, que también pretendía resolver la cuestión social educando a las “clases trabajadoras” hacia un modo de vida racional. Ignoradas durante mucho tiempo en los registros estadísticos, las instituciones de la política social de las empresas siguen estando registradas sólo parcialmente a principios del siglo XXI, y su definición ha seguido siendo elástica.
Para los consumidores que participan cada vez más en transacciones transfronterizas, hay dos cuestiones particulares de derecho contractual que revisten importancia: ¿qué ley es aplicable y qué estado tiene jurisdicción sobre una posible demanda? Tanto la identificación de la ley aplicable como su aplicación en un país extranjero requieren esfuerzos y costes adicionales. Aparte de las diferencias en cuanto a las disposiciones generales de derecho privado y procesal, también varía el nivel de protección especial de los consumidores. Debido a que el valor de las reclamaciones en cuestión será normalmente pequeño, los consumidores tendrían menos probabilidades de hacer valer sus reclamaciones sin la protección de la UE. Las normas especiales funcionan bajo el requisito previo de que la transacción se realice entre un consumidor y un profesional. Las definiciones de estas dos partes opuestas se corresponden con el acervo en materia de consumo (consumidores y derecho de protección de los consumidores). También se analiza el derecho de desistimiento de los contratos de consumo en el Derecho contractual europeo.
Introducción: Capital Social Concepto de Capital Social en el ámbito del objeto de esta plataforma online: Es el conjunto de aportaciones suscritas por los socios o accionistas de una empresa, las cuales forman su patrimonio, independientemente de que estén pagadas o no. Significado […]
Este texto se ocupa de la política social en las economías abiertas. Tanto la teoría como las pruebas disponibles hasta la fecha sugieren que el vaso está más bien medio lleno que medio vacío: las políticas sociales eficaces siguen vivas en las economías abiertas, y los efectos positivos de las restricciones a la capacidad de los gobiernos para proporcionar políticas sociales superan los efectos negativos. Aunque varias fuerzas fomentan la armonización descendente, otras fuerzas, a menudo asociadas con la globalización y las economías abiertas, fomentan la armonización ascendente de las políticas. Las economías abiertas también pueden fomentar la armonización ascendente de las políticas sociales mediante el uso de cláusulas sociales y acuerdos paralelos en los acuerdos comerciales.
La protección mediante la información ofrece grandes ventajas. Su principio rector es que la posición del consumidor es inferior a la del comerciante debido a un menor nivel de información por parte del consumidor. La equidad contractual se restablece reduciendo las diferencias de poder entre las partes contractuales mediante la información al consumidor. El 18 de octubre de 1991 se adoptó la llamada Directiva sobre la información de los trabajadores. Al igual que las leyes nacionales que sirvieron de catalizador para la adopción de la directiva, su objetivo es proporcionar al trabajador información sobre sus derechos. Al igual que el tomador del seguro, el asegurador tiene deberes de información antes de la celebración del contrato y durante la vigencia del riesgo. En el caso de los seguros de enfermedad, se añade información sobre la evolución y la estructura de las primas. Si la información facilitada antes de la celebración del contrato cambia después de la celebración del contrato, el asegurador debe informar.
Fuera del sector sindicalizado, el “contrato” entre la empresa y el empleado tiende a ser no escrito, implícito y, por lo tanto, en su mayor parte inaplicable en los tribunales de justicia. La tarea principal del científico social es explicar por qué la forma implícita e incompleta de contrato es la forma abrumadoramente dominante, mientras que la tarea secundaria (pero más difícil) es explicar las consecuencias del predominio de los contratos laborales implícitos sobre los explícitos. En cierto sentido, la explicación de por qué los contratos laborales tienden a ser implícitos parece obvia: si se hacen explícitos, generalmente sólo son exigibles al Empleador, siendo los empleados libres de abandonar el contrato de trabajo a voluntad. Esta falta de simetría distingue notablemente el contrato laboral explícito del contrato mercantil, por lo que los Empleadores parecerían no tener ningún incentivo para ofrecer contratos explícitos. Sin embargo, esta explicación no es del todo satisfactoria, ya que, incluso en virtud de las convenciones legales existentes, los Empleadores bien podrían tener un incentivo para ofrecer contratos explícitos aunque dichos contratos no vinculen a los trabajadores. Mientras que la remuneración por rendimiento evolucionó como una mitigación parcial de las consecuencias de la incapacidad de especificar completamente los contratos laborales, la remuneración basada en incentivos recompensaría el esfuerzo más que el rendimiento, pero el esfuerzo no puede medirse directamente. En la medida en que la preocupación por la reputación afecte a la división de los costes específicos de formación entre el Empleador y el empleado, tenderá a exigir que el empleado asuma el coste, muy probablemente en forma de un salario inferior al del mercado durante el periodo de formación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las consideraciones de reputación afectan, no sólo al pago de la formación específica, sino a toda la estructura de los contratos laborales implícitos.
Noción de Protección por Desempleo En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de protección por desempleo, la siguiente definición: Denominación acuñada por las normas de previsión y seguridad social para referirse a la […]
La definición social de familia y de sus valores y ventajas para cada individuo depende en gran medida de la experiencia de los individuos y de sus percepciones de los vínculos personales. La definición en derecho, del mismo modo, varía, y el concepto jurídico de familia puede ser diferente del sociológico o psicológico. Un rasgo común puede ser la unión social formada por los miembros de la familia, pero quién exactamente puede o debe considerarse un miembro de la familia puede variar significativamente. Una conexión biológica directa de dos personas por descendencia se considera generalmente una conexión que establece una relación familiar, pero la inclusión de parientes colaterales y remotos no puede darse por sentada. La “familia”, como institución jurídica, exige una relación legal entre los miembros de la familia. Esta relación jurídica puede resultar de una relación de sangre legalmente reconocida, de un acto jurídico (como el reconocimiento, la adopción o el matrimonio) o de un acto de hecho legalmente relevante (como la aceptación de una persona en el hogar) o de cualquier combinación de los mismos. Cada sociedad y cada época definen qué hechos se consideran jurídicamente relevantes. Por lo tanto, la definición de “familia” difiere, a veces sustancialmente, de un sistema jurídico a otro. El concepto jurídico se ve influido por las funciones sociales y societales de la familia en la comunidad concreta y por el significado jurídico de la pertenencia a una familia.
El término Derecho laboral europeo describe las normas de Derecho laboral del Derecho primario y secundario de la Unión Europea. No existe un derecho laboral completo y unificado a nivel europeo, sino una multitud de normativas individuales que se sitúan al lado o por encima del conjunto del derecho laboral de los Estados miembros. El derecho laboral europeo puede distinguirse del derecho laboral internacional , ya que este último se basa en acuerdos multinacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), la Carta Social Europea (1961), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (1989), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) y las normas laborales promulgadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La finalidad del derecho laboral europeo está codificada en parte y, en cierta medida, puede deducirse a través de la interpretación.
